El Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos y Grados en Minas y Energía envió ayer un comunicado para recordar que «existe una regulación clara e inequívoca sobre cómo se tramitan las autorizaciones y legalizaciones de los pozos y sondeos en España» y recordar que el problema de la ilegalidad de «centenares de miles» de estas obras se debe sobre todo a la tardanza de la tramitación administrativa y la enorme falta de personal titulado.
El colectivo lanza esta información «ante las diferentes opiniones dispares y contradictorias publicadas, oídas y vistas en los medios de comunicación, tras el luctuoso» caso ocurrido en Totalán con el pequeño Julen. Una situación que ha puesto en la mesa la situación de este sector y que denuncia desde hace años; la tardanza burocrática que se demora en años, la falta de personal en los organismos encargados de dicha actuación y «no contar desde su inicio con profesionales especializados en proyectar de manera efectiva y segura este tipo de obras».
