El gerente de Limasa, Rafael Arjona, para quien el pleno, por amplia mayoría, exigió ayer su dimisión al alcalde por la «gravedad de sus declaraciones» en relación con el mantenimiento de los puestos heredados en la empresa, aseguró más tarde, en una interpelación propiciada por el grupo Ciudadanos, que «en ningún momento he defendido los puestos heredados, que sigo luchando y continuaré haciéndolo por que no se continúe con esta práctica».
Respecto a las grabaciones recogidas en su visita por los cuartelillos, Arjona explicó que sus palabras sobre tener discreción no se referían a los puestos heredados, sino a las nuevas incorporaciones y que ya había pedido disculpas. «En esa charla siempre he dicho que todos los puestos heredados decaen automáticamente en cuanto la empresa sea municipal. Esa es una condición que he tenido desde siempre, porque siempre he estado en contra», insistió.
Arjona explicó que los puestos heredados están regulados en los convenios colectivos desde la década de los 80; que en 2012 intentó eliminarlos y el pleno llegó a votar un acuerdo exigiendo su eliminación en un próximo convenio, pero que luego vino la huelga de 2013 y una de las exigencias fue el cumplimiento de los artículos que lo regulan» «y se han mantenido».
«Por nuestra parte, añadió, la empresa siempre ha mantenido la política de no fomentar los puestos heredados. De hecho, llevamos ya más de un año sin atender la petición que hay de algunos trabajadores de sustituir con sus hijos las jubilaciones parciales».
Más aún, explicó que, a propuesta de la empresa, «hay un juzgado que en el mes de octubre nos pidió los nombres y apellidos de aquellas últimas personas que habían heredados puestos de trabajo para elevarlo al Constitucional, a propuesta de la propia empresa, ya que aunque se trata de una empresa que se rige por el derecho privado, «hay que tener en cuenta que el único pago que recibe procede del erario público, con lo que debería aplicarse el mismo criterio que a las empresas municipales en materia de contratación».
Propuesta del alcalde
La comparecencia, en principio, la solicitó Ciudadanos para que el alcalde explicara qué ha pasado para que después de 18 años de contrato y de enfrentarse por la municipalización a su propio partido, De la Torre no haya podido encarar este proceso.
El alcalde lo ha achacado especialmente a las sentencias judiciales que han «entorpecido» el proceso y a la falta de colaboración de la Junta de Andalucía, que no quiso inscribir como convenio el acuerdo de fin de huelga de 2013.
El alcalde aprovechó su comparecencia para ofrecer una ampliación de la última oferta realizada a los trabajadores de Limasa que permita abordar con acuerdo la municipalización de la empresa. De la Torre ha propuesto una nueva fórmula consistente en «acordar un nuevo convenio que contenga productividad y los temas pendientes que queden a lo que las sentencias decidan».
