El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, se ha mostrado convencido de que la Junta de Andalucía asumirá sus competencias en Dependencia y en servicios sociales, recordando que la institución provincial abona cada año más de once millones de euros para el mantenimiento de los centros de atención especializada, en lo referente a personal, edificios, gastos corrientes, suministro de alimentos y la propia atención a los usuarios.
Así, indicó que la Diputación cuenta con 220 plazas para usuarios en centros de lucha contra la drogodependencia, residencias o personas gravemente afectadas. De ellas sólo tiene 20 concertadas por parte de la Junta y a día de hoy la mitad del resto de plazas, es decir, 100, se encuentran libres.
«Llevamos años demandando que envíen a usuarios a través de conciertos. Hay personas que necesitan plaza y residencia y no la envían ni firman el concierto, que es lo suyo para ir derivando usuarios a nuestros centros», sostuvo en una entrevista concedida a Europa Press.
Salado incidió en que si el Gobierno asume esto, «que son sus competencias», la Diputación podría destinar más dinero a las suyas: «No es que queramos dejar de prestar ese servicio; lo asumimos por el bien de los usuarios; pero el dinero podría ir a realizar más transferencias a los ayuntamientos, a mejorar más carreteras; siempre hay cosas que hacer».
