El Organismo Autónomo de Gestión Tributaria de Málaga (Gestrisam), empresa del Ayuntamiento, ha recaudado, entre 2015 y 2018, casi 47.5000 euros en multas por infracciones leves a la Ordenanza municipal sobre bienestar, protección y tenencia responsable de animales tras imponer en ese cuatrienio 408 sanciones económicas. Eso sí, cabe advertir de que el ejercicio de la potestad sancionadora la comparte este organismo fiscal con el Área de Gobierno de Sostenibilidad Medioambiental y otros servicios municipales. Asimismo, estas multas sólo son cobradas por Gestrisam cuando la sanción es estrictamente económica y no sea necesaria la adopción de medidas cautelares o provisionales distintas a la mera incautación de productos o elementos.

Esta información proviene de las preguntas efectuadas por IU-MpG a Gestrisam en relación a las sanciones económicas por infracciones a esta ordenanza. Gestrisam también alerta de que «el organismo no interviene en la vigilancia y detección de las infracciones», siempre referidas las multas a las de carácter leve, pues la competencia de las graves y las muy graves es de la comunidad. La cuantía, por tanto, podría ser mayor, pero lo cierto es que Gestrisam sólo ha recaudado 47.500 en cuatro años en relación a la anterior ordenanza y a la nueva, aprobada en abril de 2017.

Del total de sanciones de esos cuatro años, el grueso son las multas puestas por llevar a perros sin correa, 316, seguidas de la no comunicación al Registro Municipal de datos relativos al perfil genético de ADN en los perros o a circular sin chapa identificativa o carné de este registro, 280; luego se encuentran las multas por la perturbación del descanso y la tranquilidad de los vecinos por parte de los canes, en 55 ocasiones (sobre todo en horario nocturno), llevar perros de más de veinte kilos sin bozal, correa no resistente o extensible, 39, no evitar que el animal agreda o cause incomodidad a personas y otros animales o produzca daños a bienes ajenos, 18, o ejercer la mendicidad valiéndose de animales, obligándoles a realizar conductas ajenas a su naturaleza, 14.

El número de sanciones fue el siguiente: 139 en 2015, 126 en 2016, 114 en 2017 y 412 en 2018. Un total de 34 de ellas son relativos a lo que podría considerarse maltrato animal.

En cuanto al dinero recaudado por ejercicio, esta es su evolución: 7.920 euros en 2015, 8.029 en 2016, 8.246 en 2017 y 23.284 en 2018, sumas que «no recogen los pagos realizados por fraccionamientos ni en vía ejecutiva (por su acumulación contras deudas).

Por otro lado, el Servicio de Vigilancia Sanitario Ambiental ha intervenido en esos cuatro años hasta en 22 denuncias por maltrato animal de diferente forma. «A nivel local, las competencias son muy limitadas, si bien este Ayuntamiento ha llevado a cabo actuaciones en relación con la investigación de los hechos denunciados», explica el Área de Sostenibilidad Medioambiental. Critica, por cierto, el Consistorio que en los casos en los que se solicitaba a la Junta la iniciación del correspondiente procedimiento administrativo sancionador, caso de apreciarse responsabilidad administrativa, «no se nos ha notificado la resolución adoptada, según lo establecido en el procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, pese a que en algunos casos se ha realizado reiteración de la misma».

Así, informa el área que dirige José del Río de que «se pretende elaborar un protocolo de actuación frente al maltrato animal -siempre en el ámbito de nuestras competencias- en el que se establezcan las pautas de actuación desde que se detecten indicios de maltrato».

Igualmente, añade el área, en la disposición adicional cuarta de la ordenanza de bienestar, protección y tenencia responsable de los animales, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia el 12 de abril de 2017, «está prevista la creación de un Observatorio de Bienestar Animal, en colaboración con otras administraciones públicas territoriales, la Justicia, el Seprona, la Policía Local, el Colegio Oficial de Veterinarios, asociaciones en defensa de los animales y otros colectivos, en aras de alcanzar la máxima protección de los mismos».

Defiende el Área de Sostenibilidad Medioambiental que, con la implementación de la medida consistente en el censo canino basado en perfiles genéticos de ADN, «se ha pretendido con eficacia contra el abandono animal, que constituye un tipo delictivo atenuado de maltrato».

Los grupos de la oposición han pedido, en diversas ocasiones a lo largo de este mandato, que se ponga en marcha una política que tienda hacia el sacrificio cero y que, al mismo tiempo, se ataje lo antes posible el abandono de animales, aunque los refugios y el propio Centro Zoosanitario Municipal no paran de recibir perros y gatos que han sido dejados en la calle por sus dueños, sobre todo en épocas vacacionales.