La política nacional se cuela, de nuevo, en el día a día del Ayuntamiento de Málaga. Al menos lo hará el próximo lunes en la Comisión de Derechos Sociales. Ciudadanos lleva una moción en la que pide a los grupos políticos que condenen «los intolerables actos de odio y violencia» sufridos por los representantes que participaron en los actos del Orgullo en Madrid, encabezados, por cierto, por la diputada Inés Arrimadas. La manifestación tuvo lugar el 6 de julio en la capital del país y los naranjas también reclaman la condena de «las autoridades públicas y portavoces de entidades LGTBI que han justificado tales actos violentos, culpabilizando a las víctimas y no a los agresores».

Hay otros puntos en la moción: que el Ayuntamiento reitere su defensa de la igualdad social y no discriminación de las personas LGTBI por razón de su orientación sexual, identidad o expresión de género, constituyendo la lucha por tales derechos y las conquistas sociales conseguidas por todo el colectivo «una causa común que es de toda la sociedad y no el patrimonio de ninguna ideología o partido»; y se pide también que el Ayuntamiento muestre su pleno rechazo a cualquier forma de exclusión discriminatoria por razón de ideología, opinión o ideas políticas, «máxime en unos eventos como los del Orgullo».

Explica Cs que muchas personas son discriminadas, «también por razones ideológicas, como se ha podido presenciar en las celebraciones del Orgullo». «Sin embargo, algunas entidades LGTBI han decidido excluir expresamente a formaciones políticas con nombres y apellidos, como Cs, de la participación de los actos del Orgullo celebrados en distintas ciudades españolas, en un acto de señalamiento impropio para una ocasión que busca celebrar, precisamente, la libertad». «Estos comportamientos alcanzaron cotas intolerables en la manifestación del Orgullo celebrada en Madrid el 6 de julio. En este caso, no sólo los organizadores, desde un primer momento, excluyeron explícitamente a Cs de participar en los actos reivindicativos, apropiándose ilegítimamente de una causa, como es la defensa de las personas LGTBI, que es de todos, y como tal, debería ser inclusiva y abierta a todos los que compartían tales convicciones».

Por si ello no fuera suficiente, explican, los «representantes de Cs tuvieron que sufrir además las agresiones de radicales violentos que trataron de impedir su presencia en la manifestación mediante la intimidación y la agresión, hasta el punto de que dichos representantes tuvieron que ser escoltados por la policía para garantizar su seguridad. Todo ello mientras que los organizadores del evento, en mayor o menor medida, justificaban tales agresiones, culpabilizando a quienes las habían sufrido de ser los causantes de la misma». En este contexto, añaden, «especialmente inadmisibles fueron las palabras del ministro del Interior en Funciones, Fernando Grande-Marlaska».