El Ayuntamiento de Málaga ingresa 226.909 euros por la tasa de basura para viviendas turísticas

La tasa se aprobó en septiembre de 2018 y los propietarios tenían hasta el 1 de abril para hacer la correspondiente declaración y pagar a las arcas municipales lo que les correspondiera. Quien lo hiciera después de esa fecha tendría un recargo en el abono de la tasa. Para concretar esta nueva tasa, el Ayuntamiento se guió por la actual tarifa del servicio de hospedaje y creó cuatro tramos. El primero, para viviendas de una a cuatro plazas, por las que se pagan 69,3 euros; el segundo, para pisos vacacionales de cinco a ocho plazas (127,80 euros); el tercero, para casas de nueve a doce plazas (191,70 euros) y las de más de 12 deberán abonar 255,6 euros. El propio alcalde, Francisco de la Torre, avanzó en declaraciones públicas realizadas en septiembre de 2018, que la cantidad a ingresar sería moderada (en torno a 300.000 euros).

«No es una tasa que grave a las viviendas turísticas, sino que se hace a través de la tasa de basura industrial. De esta forma, el número de personas que ha autodeclarado su casa, es decir, la ha ingresado por autoliquidación, es de 2.546, abonando un total de 226.909,16 euros», explicó el teniente de alcalde, quien añadió que Gestrisam, para saber quién debía de pagar esta tasa, se dirigió al registro de viviendas turísticas de la Junta de Andalucía, al último fichero actualizado, de forma que el dato de viviendas turísticas registradas en agosto de 2019 es de 5.586 en la capital.

3.800 invitaciones al pago

Gestrisam ha hecho 3.800 invitaciones a los propietarios para pagar esta tasa en dos tandas, es decir, dos emisiones de cartas: una en febrero y otra en julio de 2019. «Se hacen 3.800 invitaciones porque, en algunos casos, el propietario tiene varias viviendas a su nombre», explicó Carlos Conde, quien indicó que, por ahora, el equipo de gobierno se está planteando hacer labores de inspección «para poder conseguir que pague el resto de dueños», además de recordar que no abonar la tasa supone estar en una situación de irregularidad y, por tanto, tiene recargo.

De cualquier forma, Conde agregó que, «a nivel de tributos, no es el mayor ingreso, el coste de la tasa es baja, era necesario compensar al municipio por lo que genera el sector turístico; el coste es bajo y, en ningún caso, supone un desincentivo real ni para los propietarios ni para los que usan las viviendas». En su opinión, son el Gobierno central y la Junta de Andalucía los que deben regular una tasa, «lo que nos permitiría no pensar en este tipo de tasa, sino en impuestos relacionados con el IBI diferenciado, que no es el caso».

Rechazo del sector

Esta tasa surge tras el profundo debate ciudadano generado en diversas capitales por la proliferación de viviendas turísticas, ya que determinados sectores de la sociedad creen que han generado problemas de convivencia en las comunidades de vecinos y favorecido el turismo de bajo coste. Sin embargo, la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía (AVVA) trata de luchar contra esa imagen y afirma que el 45% de los clientes de este tipo de pisos vacacionales son las familias, seguidas de las parejas y de los clientes que buscan alojamiento corporativo (estancias por trabajo). De cualquier forma, esta tasa no gusta al sector y esta asociación interpuso un recurso en la jurisdicción contencioso-administrativa contra la decisión municipal, que ya se admitió a trámite. Los empresarios consideran que abonar este tipo impositivo supone pagar dos veces lo mismo, es decir, un doble hecho imponible (ya abonaban la tasa de basura correspondiente al IBI).

De cualquier forma, esta es sólo una medida más de las que valora la ciudad. No en vano, en el pleno de julio todos los partidos (PP, Cs, PSOE y Adelante Málaga) aprobaron por unanimidad trabajar en la aprobación de una ordenanza para regular el permiso con el fin de poder destinar una vivienda a uso turístico. Así, según la moción aprobada, la comunidad de propietarios podría ser la que diera el permiso para ello, además de tener que atenderse a criterios de zonificación e intensidad del uso para evitar la saturación en determinados barrios de la ciudad.

Medidas en estudio

Asimismo, se instó al Gobierno central a aprobar una regulación estatal en esta materia para poner fin a la problemática generada por la actual dispersión normativa autonómica; y se instó a los gobiernos regional y estatal a alcanzar un acuerdo y considerar una actividad económica la explotación de pisos vacacionales y dotar a las comunidades de un servicio de inspección suficiente para hacer frente a la proliferación de estas viviendas que no sean legales.