Cientos de taxistas se sumaron ayer en las ocho provincias andaluzas a las concentraciones convocadas por la Federación Andaluza de Autónomos del Taxi (FAAT) ante delegaciones de la Junta de Andalucía para reclamar «una regulación equilibrada del sector de los vehículos de arrendamiento con conductor (VTC), que posibilite la coexistencia pacífica y ordenada de ambos servicios». Según el presidente de la Federación Andaluza de Autónomos del Taxi (FAAT), Miguel Ruano, en Málaga fueron entre los 700 y 800 profesionales concentrados, mientras que en Sevilla fueron unos 1.500 (casi el 60-70% del sector) , y en el resto de ciudades andaluzas la participación representó a «entre el 40 y el 60%» del sector.

En un manifiesto, los taxistas apostaron por «una regulación equilibrada» del sector de los VTC, que «posibilite tanto la coexistencia pacífica y ordenada de ambos servicios, como el mantenimiento del servicio público de interés general del taxi y sus trabajadores, así como una regulación eficiente del sector del taxi». A la hora de explicar «los hechos que han llevado al taxi a esta situación», el colectivo cita 'la Ley Ómnibus', que «en 2009 produjo la liberalización absoluta del servicio de arrendamiento con conductor, prestado por vehículos amparados en autorizaciones VTC, cuyo número ha crecido especulativamente sin límite alguno hasta que se volvió a reglar su otorgamiento en 2015, y sujetar por ley a la proporción de un VTC por cada 30 taxis en 2018».

En el tiempo transcurrido entre ambas leyes se ha producido «la entrada de miles de VTC, hasta completar la actual cifra de 2.464 en toda Andalucía», una circunstancia que «ha provocado cuantiosos daños económicos a los taxistas andaluces y también ha producido un deterioro del sistema de transportes en nuestra región», según el colectivo.

Para los taxistas que se han movilizado, «las consecuencias de esta actuación gubernamental no han sido atendidas tampoco por la administración autonómica», y «no ha existido ni previsión ni coordinación suficiente en esta materia, lo que, junto con la actuación de sistemático incumplimiento de las VTC de la normativa que les afecta, y la continua invasión de las reservas de mercado del taxi como servicio público de contratación directa en parada y calles, nos aboca a una situación de permanente conflicto profesional, que se acompaña de movilizaciones y paros como ya ha acontecido en varias ocasiones».

«Estos brotes de conflictos los sufre la sociedad andaluza, pero son responsabilidad de los poderes públicos, que, como encargados de velar por el mantenimiento y rentabilidad de los servicios públicos de taxi, han desatendido sus obligaciones», aseguran los taxistas en un manifiesto en el que acusan a las plataformas digitales Cabify y Uber de haber entrado en el transporte urbano «llevando al límite de lo admisible la regulación de transportes» y «con un modo de explotación del servicio que incumple de modo sistemático la ley, hecho reiteradamente censurado por los tribunales españoles y europeos».