04 de diciembre de 2019
04.12.2019
Memoria Histórica

La familia García Caparrós se unirá a la querella argentina para esclarecer la muerte de su hermano

La asociación reclama que se abran los archivos del Congreso de los Diputados y los judiciales y policiales para saber qué ocurrió el 4 de diciembre de 1977 con el joven malagueño

04.12.2019 | 13:16
La familia García Caparrós se unirá a la querella argentina para esclarecer la muerte de su hermano
Ofrenda floral esta mañana en la placa de García Caparrós.

La Asociación Manuel José García Caparrós, las tres hermanas del joven asesinado el 4 de diciembre de 1977 en la manifestación en Málaga por el Estatuto de Autonomía, Lola, Purificación y Francisca y el abogado que representa sus intereses, Luis Ocaña, han dado hoy una rueda de prensa en el Ayuntamiento para anunciar que se van a personar en la llamada querella argentina, la acción judicial que dirige la juez María de Servini para esclarecer los crímenes cometidos durante la Transición española con el fin de conocer lo sucedido con su hermano.

Además de esto, el jurista Pablo Ocaña ha efectuado un informe jurídico en el que se realizan cuatro peticiones: una declaración de reparación y reconocimiento efectivo hacia Manuel José García Caparrós y su familia como condición de víctimas, así como declaraciones equivalentes para el resto de víctimas, la construcción de monumentos en cada capital de provincia en homenaje y reconocimiento hacia las víctimas de la Transición y la inclusión en los planes educativos andaluces de elementos formativos y materiales didácticos que ofrezcan una explicación precisa de lo sucedido, todo ello basado en una aplicación rigurosa e inmediata de la Ley de Memoria Democrática de la autonomía y de la Ley de Memoria Histórica estatal.

Luis Ocaña, además, ha pedido al nuevo presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno (PP), que reciba a las hermanas, que pidieron una cita con él hace más de un mes.

En la rueda de prensa, la familia ha estado acompañada por Manuel Ruiz, hermano de Arturo Ruiz, asesinado en el 77 en Madrid por la ultraderecha y promotor de la querella argentina. Tanto este como el jurista y las hermanas de Caparrós han señalado a Rodolfo Martín Villa, entonces ministro de Gobernación (renombrado como Interior), como máximo responsable político de lo sucedido.

Luis Ocaña ha insistido en la necesidad de que se desclasifiquen todos los papeles en relación al asesinato del joven malagueño. "Lo primero es establecer la verdad, no entendemos cómo 42 años después se han desclasificado los papeles del asesinato de Kennedy y no se desclasifican los del asesinato de García Caparrós".

La desclasificación afectaría, por tanto, a las investigaciones policiales y judiciales efectuadas al respecto, dijo, y también a la llamada Comisión de Encuesta, la comisión de investigación efectuada para depurar responsabilidades políticas sobre lo sucedido el día de la manifestación de la autonomía en Málaga, una competencia que se le atribuye a la Mesa del Congreso, que es la que tiene competencias en la materia. Ha recordado Ocaña que la exdiputada de Unidas Podemos Eva García Sempere, malagueña, pudo acceder a los archivos, pero muchos de los documentos estaban tachados y no pudo conocer, por ejemplo, los nombres de algunos de los intervinientes. "Aquel día se dispararon decenas de armas de fuego y hubo más heridos. Queremos conocer todas las investigaciones sobre los hechos, aunque algunas fuera de régimen interior, que salgan a la luz para saber quiénes adoptaron las decisiones aquel día". Sobre Martín Villa, ha dicho, "era el máximo responsable gubernativo, suponemos que algo tendrá que decir después de 42 años de silencio".

Manuel Ruiz, hermano de Arturo Ruiz, asesinado también en el 77 por una manifestación en pro de la amnistía política, ha indicado que "no hay voluntad de abrir cajones y sacar sumarios como el de García Caparrós y otros muchos".

Purificación García Caparrós ha explicado que están muy cansadas de pedir, durante 42 años, "verdad, justicia y reparación", mientras que su hermana Lola ha pedido al Gobierno central que "desclasifique la documentación relacionada con los hechos". "Nos sumamos a la querella argentina ya que España no nos ha hecho ni caso en 42 años, a ver si allí nos dan un poco de luz".

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