El PSOE denunció ayer el cierre en la provincia de las oficinas liquidadoras de la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía, que se encuentran en los registros de la propiedad y gestionan los impuestos de Transmisiones Patrimoniales, Actos Jurídicos Documentados, Sucesiones, Donaciones o Vehículos y Embarcaciones.
El portavoz socialista en la Diputación de Málaga, José Bernal, anunció que presentarán una moción en la institución provincial y todos los ayuntamientos para intentar frenarlo y lo atribuyó a «un nuevo atropello de la derecha en Andalucía que está afectando de forma especial a nuestra provincia».
Bernal expuso que «las oficinas liquidadoras se regían por un convenio entre la Junta de Andalucía y los registros de la propiedad que expiró el pasado 31 de diciembre».
«El gobierno de la derecha en Andalucía ha aprovechado que expiraba ese convenio para proponer uno nuevo que plantea dejar a municipios fuera de este servicio y que los propios registradores han rechazado», agregó.
Las consecuencias, en opinión de Bernal, son que «si actualmente cualquier ciudadano o gestoría quiere hacer un trámite en las oficinas liquidadoras de Marbella, donde hay cientos de trámites diarios, en Ronda, en Antequera o en Álora se encuentra con un cartel que les invita a tener que hacer los trámites en la gerencia provincial de la Agencia Tributaria situada en la capital, pero además tienen que solicitar una cita previa».
De este modo, el PSOE avisó de que «el nuevo convenio supone el cierre de las oficinas liquidadoras de Archidona, Campillos, Ronda, Benalmádena, Manilva, Coín, Álora, Fuengirola y Torrox
«Vamos a solicitar que se vuelva al convenio anterior, que es el que quieren los registradores y el que presta los mejores servicios», criticó Bernal con la certeza de que «lo que pretende el Gobierno andaluz es dejar estas oficinas como meros centros de información, lo que supondría que cualquier vecino de estos municipios se tendría que desplazar para hacer estas gestiones».
«No se cierran oficinas»
El Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos reaccionó a la denuncia del PSOE desmintiéndola e insistiendo en que «no se cierra ninguna oficina» y que «siguen existiendo las mismas 91 que en el convenio anterior».
A la vez que recordaron que «el 2 de enero se firmó el convenio con los registradores», fuentes de la Subdelegación de la Junta de Andalucía en Málaga aclararon, en este sentido, que lo que sí se cambian son «las funciones que tenían delegadas las oficinas, aunque es un cambio interno, de organización».
«Este cambio no afecta al contribuyente porque las 91 oficinas informan y asisten al contribuyente para la presentación de documentos y el pago de sus impuestos», añadieron antes de precisar que «el cambio es fruto de un proceso de reorganización administrativa en coherencia con la nueva política fiscal» del Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos.
