La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, anunció ayer que su departamento ha detectado un «desfase» de 71,5 millones de euros en la ejecución del canon del agua correspondiente a la anterior etapa de administración socialista.
Así lo indicó la consejera en la rueda de prensa posterior a la primera reunión del Consejo del Gobierno andaluz celebrada este año 2020, en la que Crespo compareció junto al consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Ejecutivo de coalición de PP-A y Ciudadanos (Cs), Elías Bendodo.
La titular andaluza de Agricultura anunció que su consejería va a solicitar a la Cámara de Cuentas de Andalucía que contraste la información hecha pública por el Gobierno anterior del PSOE-A respecto al balance de ejecución del canon de mejora del agua, tras detectar el referido «desajuste» de 71,5 millones de euros.
Según explicó Carmen Crespo, la Cámara de Cuentas corroboró en el Informe de Fiscalización de la Cuenta General de la Junta de Andalucía en 2017 una «desviación» del canon -ingresos menos gastos- de 464,65 millones de euros que reflejaba la Intervención General, mientras que el informe de ejecución del canon de dicho año hecho público por el anterior Gobierno andaluz, en cumplimiento de la Ley de Aguas de Andalucía, aseguraba que esa diferencia entre ingresos y gastos era sólo de 393,1 millones de euros.
El actual Ejecutivo andaluz pretende determinar «si se hizo un uso irregular de los fondos o simplemente se utilizó como herramienta para maquillar la gestión realizada», según apuntó la consejera, quien incidió en que «no se trata de una cuestión baladí».
Crespo detalló que, según los datos hechos públicos por el anterior Gobierno socialista, a 31 de diciembre de 2017 se habrían ejecutado el 32,5% del canon del agua -190 millones de euros-, pero tanto la Cámara de Cuentas como la Intervención reducen esa ejecución al 20,3%, es decir, a 118,5 millones de euros.
Según recordó la consejera, el canon del agua o canon de mejora se aplica a los andaluces en sus facturas desde mayo de 2011, y se trata de un impuesto autonómico de carácter «finalista» recogido en la Ley de Aguas de Andalucía, con el objetivo de financiar infraestructuras hidráulicas del ciclo integral del agua de competencia autonómica.
La falta de infraestructuras de depuración ha provocado incluso sanciones a España por parte de la Unión Europea, según subrayó Crespo, quien especificó que la cuantía de la multa impuesta a España por la falta de ejecución de depuradoras asciende a doce millones de euros y Andalucía tiene «una elevada cuota de culpa por falta de gestión del Gobierno anterior».
