El Salón de Plenos ha acogido hoy una Comisión de Economía y Hacienda en la que todos los grupos (PP, Cs, Adelante Málaga y el PSOE) han rechazado las alegaciones presentadas al presupuesto de 2020 tanto por Servicios Urbanos de Málaga (Seruma) como por Urbaser (esta participa a la primera de las sociedades), socios privados de Limasa III. Una de las alegaciones principales de los privados es que, al preverse la municipalización del servicio, el Ayuntamiento, en virtud del contrato existente con la empresa mixta, debe ahora necesariamente contemplar en sus cuentas un total de 8.687.361, 24 euros para abonar así "la retribución debida al contratista y no satisfecha hasta la fecha", suma que habría de ser incrementada en el importe necesario para garantizar el equilibrio financiero, dice Seruma, de Limasa III durante el tiempo que esta siga prestando el servicio.
Conforme a un acuerdo de la Junta, el beneficio antes de impuestos garantizado a Limasa III desde 2005 a 2019 sería del 2% de la facturación total de cada ejercicio, esto es, 26,19 millones de euros. "Sin embargo, la realidad es que Limasa no ha obtenido como resultado en este periodo el equivalente al 2% de la facturación total de cada año, tal y como se aprobó mediante el acuerdo de la Junta. De los 26,19 millones de euros que debió haber obtenido como beneficio antes de impuestos, las cuentas de la sociedad sólo han recogido 17,5 millones, de los que se han repartido como dividendos -tras pagar los correspondientes tributos- 8,13 millones de euros". Por ello, y dado que se prevé "indebidamente" la municipalización del servicio, ha de contemplarse en el presupuesto un total de más de 8,6 millones de euros.
Esta suma, por cierto, es independiente, según indican, de que en caso de liquidación de Limasa "parte de esos fondos eventualmente retornen a este Ayuntamiento, puesto que se trata de conceptos contables distintos. Así, el presupuesto debe recoger el gasto correspondiente que cubra el beneficio mínimo garantizado a la sociedad y, en el momento oportuno, el ingreso que corresponda como resultado de la liquidación de Limasa III”. La sociedad ha comprobado que no hay en las cuentas partida o concepto que soporte "la cantidad debida en concepto de beneficio mínimo garantizado a la sociedad", por lo que queda claro que en el presupuesto "se omite el crédito necesario para cumplir con obligaciones exigibles al Ayuntamiento en virtud de título legítimo". Así, se solicita al Pleno que incorpore en las cuentas, antes de que se aprueben de forma definitiva, más de 8,68 millones de euros en concepto del beneficio antes de impuestos debido a Limasa III.
Asimismo, dicen, si el servicio pasa a ser municipal y se convoca un concurso para que el personal fijo de Limasa III acceda a la misma condición en la nueva sociedad, previsiblemente se generaría una importante afluencia de "nuevos potenciales candidatos", por lo que debería considerarse el coste de las indemnizaciones que "supondría el despido de todos aquellos trabajadores de Limasa III que no lograsen consolidar una plaza de trabajo en la nueva sociedad 100% pública. En concreto, los costes por indemnización del personal por cese en su puesto de trabajo ascienden, aproximadamente, a 12,6 millones de euros", una partida que ha de contemplar el presupuesto.
Además, si finalmente "las contingencias laborales derivadas de los conflictos existentes con los trabajadores fueran superiores a las que tiene provisionadas Limasa III en sus cuentas, el Ayuntamiento se vería obligado a incrementar la transferencia presupuestaria necesaria para mantener el equilibrio financiero de Limasa III". Y lo mismo ocurre con las contingencias fiscales a las que puede tener que hacer frente Limasa III. Recuerdan que en el último trimestre se inició una inspección del IVA y el Impuesto de Sociedades de 2015 a 2017, "que traía como causa la no deducibilidad de la asistencia técnica asociada a la compensación económica recibida de ese Ayuntamiento". La inspección está en curso, por lo que el presupuesto debe contener crédito suficiente para cubrir las contingencias de la inspección fiscal y resulta “razonable asumir como posible el riesgo de que la Agencia Tributaria inicie nuevas inspecciones fiscales”.
La propia memoria que analiza la municipalización de Limasa "adolece de vicios de nulidad y de anulabilidad que imposibilitan su aprobación definitiva". Si el Ayuntamiento hiciera público el servicio, el presupuesto no resultaría "válido ni acorde a dicha situación", ya que carece de partidas de crédito indispensables para el cumplimiento de las obligaciones exigibles al Consistorio.
Un informe de Economía y Hacienda recalca que las directrices con las que se ha elaborado el presupuesto en relación a Limasa III están basadas en el "mantenimiento de la actual situación jurídica de esta sociedad durante todo este año, al desconocerse en qué fecha exacta se iniciará la nueva sociedad". Así, se ha incluido una aplicación presupuestaria, ‘Variación de activos financieros’, para la constitución de una nueva sociedad si se considerara oportuno. Existe, además, la posibilidad presupuestaria de transferir las consignaciones que se encuentran en el capítulo II del Estado de Gastros, ‘Compra de Bienes Corrientes y Servicios’.
Incluso, la consignación de 2020 para "limpieza y aseo" es de más de 109 millones, 8,7 más que en 2019. Además, Servicios Operativos emitió un informe en el que se asegura que las cuantías de las previsiones para 2020 son suficientes para atender el cumplimiento de las obligaciones que le son exigibles para atender el normal funcionamiento del área.
En cuanto al reparto de dividendos, este se produce "desde la empresa", no teniendo impacto en el presupuesto municipal. En cuanto a los costes indemnizatorios y alegaciones fiscales, también hay fondos de contigencia con los que hacer frente a los mismos.
Begoña Medina, edil del PSOE, asegura que "la parte privada pretende retrasar la municipalización de Limasa y ha recordado que, cuando se liquide la sociedad, habrá que sentarse con ellos para ver lo que le deben al Ayuntamiento" (se refiere a varios cobros que se facturaron como asistencia técnica, explica).
