La Asociación de Constructores y Promotores de Málaga (ACP) ha denunciado que la provincia se situó el pasado año a la cola de la inversión en obra pública en Andalucía con sólo 159 euros por habitante, muy por debajo de provincias como Almería o Jaén, que se movieron en el entorno de los 230 euros, o de Córdoba o Sevilla, que rozaron los 200, al mismo nivel de la media andaluza. El ejercicio de 2019 concluyó en Málaga con una licitación total de 256,9 millones de euros y una caída del 21% en relación al año anterior. Eso sí, la inversión de 2019, en números reales, fue la segunda mayor de Andalucía, tras los 382 millones de Sevilla. En cualquier caso, la ACP se queja de que Málaga es la única provincia de la región donde las partidas vienen bajando de forma constante desde 2017.
Los constructores afirman que una provincia como Málaga debe recibir una inversión mínima anual de 500 millones de euros, algo que no ocurre desde el año 2011. El récord inversor se produjo en el año 2007, justo antes de la crisis, con 1.450 millones en obras licitadas. En la actualidad, los valores no llegan al 15% de la inversión anual de la etapa 2006-2008.
El presidente de la ACP, Juan Manuel Rosillo, ha lamentado que Málaga siga en cifras "mínimas" de inversión y ha asegurado que el dato de 2019 "resta competitividad" a la provincia en relación a otros territorios. El colectivo empresarial ha destacado el "hundimiento" de las partidas de las administraciones locales como principal motivo del descenso.
En concreto, los ayuntamientos sacaron obras a concurso por valor de 120,5 millones, una cifra que si bien sige colocándolos como líderes de la inversión por delante de la Junta y del Estado, supone un 41% de bajada en relación a 2018. El hecho de que 2019 fuera un año repleto de citas electorales parece explicar parte de esta caída.
"Las administraciones locales no quieren ir a elecciones con obras abiertas sino con proyectos ya ejecutados que se puedan poner en valor ante el votante. Además, una vez acabadas las elecciones, y con la necesidad de llegar a acuerdos de gobierno, los presupuestos, tardan mucho en llegar y con ellos las inversiones", ha señalado Rosillo, que ha estado acompañado por la gerente de la ACP, Violeta Aragón, y por la presidenta del grupo de contratistas, María García.
La Junta de Andalucía, por su parte, invirtió 95,3 millones de euros, con un aumento del 8,4%, y el Estado destinó 41 millones, un 16,3% más. En todo caso, ambas vienen de cifras muy bajas que hacen que los aumentos tengan una relativa importancia, según la ACP.
Las obras con más presupuesto licitadas en 2019 fueron el tramo del metro Guadalmedina-Atarazanas (27,8 millones) de euros, que se llevó el 33% de la inversión de la Junta en Málaga, y los trabajos de climatización en el aeropuerto Málaga-Costa del Sol (21 millones), que representó el 52% de la inversión estatal.
Rosillo ha señalado que Málaga, como "potencia económica" de la región, merece inversiones más altas y ha pedido al conjunto de las administraciones una "apuesta" por la provincia, que desde 2017 ha visto bajar sus números de licitación de obra pública un 27%. "Llevamos muchos años por debajo de la media. Es inaceptable, inadmisible", ha comentado el presidente de la patronal constructora, que ha enumerado parte de la larga lista de infraestructuras pendientes en Málaga, con el tercer hospital, el tren litoral, el acceso norte al aeropuerto, los Baños del Carmen, el saneamiento integral o el proyecto del Guadalmedina entre ellas.
Por lo que respecta al análisis de las adjudicaciones, los datos disponibles revelan que las empresas malagueñas se llevan el 48% de las obras licitadas por el poder local, el 28% de las autonómicas y sólo el 6% de las estatales.
La ACP ha recordado también la importacia de la inversión pública para la actividad de las compañías locales y el empleo del sector. "La pequeña y la mediana empresa sacamos mucho trabajo de estas actuaciones, dependemos mucho de los presupuestos", ha afirmado Rosillo.
Un efecto de la escasez de obra sacada a concurso es que las administraciones logran ofertas de las empresas por debajo del precio de licitación. La baja media en el caso de las obras de las entidades locales es del 22% mientras que en el caso regional y estatal se sitúa en el entorno del 19%. La ACP lamenta esta tendencia y señala que, con la nueva Ley de Contratos del Sector Público, "hay que potenciar la calidad". En cambio, según han comentado los constructores, "priman los intereses económicos hasta el límite, adjudicando en muchas ocasiones a precios que no son reales y que ocasionan sólo problemas y encarecimientos posteriores". "Lo que a priori puede resultar barato termina saliendo muy caro", han afirmado.
La patronal malagueña también se han quejado de los excesivos requistos impuestos por las administraciones en sus pliegos. En este sentido, la patronal malagueña interpuso el año pasado 25 alegaciones, 13 recursos administrativos y uno contencioso-administrativo contra lo que consideran "irregularidades" en los pliegos que "restrigen la competencia" al pedir condiciones y clásulas "abusivas", "por encima del objeto del contrato". "Lo que pedimos es un equilibrio, que haya criterios adecuados", han explicado.
El contencioso-adminsitrativo presentado por la ACP ha sido contra la licitación de la obra de la pasarela del Guadalhorce, una obra que ya está en ejecución. Aragón ha aclarado que el colectivo no busca ninguna compensación económica con este recurso sino sólo dar "un toque de atención" a las administraciones ya que, en este caso, se pedían especializaciones tales que, a juicio de la ACP, "se limitaba la competencia" de las empresas concurrentes. El recurso ha sido atendido en parte por la administración judicial, aunque el Ayuntamiento también ha presentado su propio recurso.
