Los graduados sociales de Málaga afirman que vendrán más ERTE cuando acabe el estado de alarma

Fernández ha recordado que la mayoría de los ERTE presentados hasta la fecha han sido por causa de fuerza mayor y ha apuntado que las asesorías de las empresas ya están preparando nuevos expedientes que aplicar, en este caso por causas de producción, económicas u organizativas, en previsión de que la demanda de servicios siga en niveles muy bajos en los próximos meses.

El Colegio de Graduados está realizando una encuesta entre sus asociados que, de momento y con casi la cuarta parte de las respuestas ya recibidas, arroja que este gremio ha tramitado en Málaga unos 3.100 ERTE por causas de fuerza mayor que afectan a más de 18.400 trabajadores, junto a otros 212 por causas económicas, organizativas o de producción con otros 1.182 empleados incluidos. Además, también han presentado 4.647 soclitudes de cese de actividad por parte de autónomos.

Fernández ha comentado que la inmensa mayoría de los expedientes (en torno al 95%) están siendo admitidos por la Administración, ya sea con resolución favorable o con silencio administrativo positivo. Sólo en algunos casos de fuerza mayor, el ERTE ha sido rechzado por no quedar suficientemente acreditada la incidencia directa o indirecta de la pandemia en la actividad de la empresa.

Según ha dicho, las empresas tienen un plazo máximo de cinco días para presentar ante el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) la solicitud colectiva de desempleo de todos los trabajadores afectados por el ERTE, algo que en muchos casos han realizado las asesorías de estas firmas.

Fernández ha resaltado el "enorme trabajo" realizado por los graduados sociales para que todas estas personas hayan podido ser inscritas en el plazo previsto. Sin embargo, son pocas las que han percibido la prestación en este mes de abril (normalmente, han sido aquellos trabajadores de las empresas que pidieron antes el ERTE), quedando pendiente el cobro en la mayoría de los casos para el mes de mayo, previsiblemente el día 10.

"Han sido unas semanas de trabajo muy intenso, tanto para los graduados sociales como para los funcionarios de los servicios de empleo del Ministerio y de la Junta. Hablamos de cifras de ERTE que han superado todas las previsiones", ha afirmado. El responsable del Colegio ha recordado que esta avalancha de expedientes ha provocado por momentos el colapso de las plataformas informáticas de inscripción. Cabe recordar que los trabajadores incluidos en ERTE sí deben inscribirse como demandantes de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

Fernández ha señalado que la crisis del coronavirus ha provocado la paralización de muchos negocios mientras que, en los sectores donde la actividad se ha mantenido, los empresarios se han enfrentado a problemas como la caída significativa de la demanda y la clientela o la dificultad de mantener las medidas de seguridad para sus propios trabajadores. A su juicio, el uso de los ERTE se está haciendo, de forma general, con "responsabilidad".

Los ERTE presentados por fuerza mayor, de entrada, tienen un duración vinculada al mantenimiento del estado de alarma por parte del Gobierno, mientras que los de causas organizativas, económicas o de producción están siendo solicitados por plazos que van desde los tres a los seis meses, según detalla el Colegio.

"En estos casos, las empresas están prefiriendo pedir esos periodos más largos para tener cubiertas las espaldas de cara a cómo evolucione la situación. La ventaja es que si alegas este tipo de causas puedes ir levantando el ERTE si la economía mejora, sin esperar a su fecha de expiración", ha aclarado.

El Colegio recuerda que las empresas pueden encadenar diversos ERTE si así lo estiman oportuno. El decreto del estado de alarma sí establece, en cambio, que las empresas acogidas a ellos durante el estado de alarma, deben comprometerse a mantener los puestos de trabajo durante los seis meses posteriores, lo que cierra la puerta, en principio, a la aplicación de expedientes de destrucción colectiva del empleo (conocidos como ERE).

"Lo que está claro es que el retorno a la actividad va a ser gradual, por lo que la normalización de la economía también tardará tiempo en llegar, y eso va a obligar a muchas empresas a seguir aplicando un ERTE a sus plantillas", opina Fernández. En el caso de las causas organizativas, económicas o de producción, a la empresa le basta con acreditar a la Administración que se ha realizado debidamente el periodo de consultas y de negociación con sus trabajadores, al margen de que hay habido finalmente acuerdo con ellos respecto a las condiciones que se establezcan en el mismo.