La polémica entre jueces y abogados sobre el uso de medios telemáticos en actuaciones judiciales, en general, y en comparecencias en el juzgado de guardia de la capital, provocó el lunes que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) dictaminara que son los jueces los encargados de decidir si un determinado acto jurisdiccional se hace o no por videoconferencia, a lo que el Colegio de Abogados de Málaga respondió que la seguridad de sus letrados está por encima de las advertencias del TSJA. El juez decano, José María Páez, ha dado hoy una rueda de prensa en la Ciudad de la Justicia en la que, entre otras cosas, ha asegurado que algunos jueces de guardia han debido dejar en libertad a varios detenidos al no comparecer los abogados de oficio. Ello habría ocurrido, ha dicho, al menos una vez en Marbella y varias en la capital de la Costa del Sol.

El juez decano ha dejado muy claro que él ya da la cuestión por zanjada, una vez que el Consejo General del Poder Judicial ha hablado, ha insistido en que los jueces no han dejado de prestar un día de servicio a los ciudadanos y ha insistido en que ya se están anulando algunas sentencias en las que no estaban presentes algunas de las partes intervinientes en el proceso, pese a que un decreto del Gobierno habilita el uso de medios telemáticos en actos judiciales. "Somos muy rigurosos con la aplicación de la ley y la salvaguarda de los derechos fundamentales". Cuando todo comenzó, los jueces mostraron "una buena predisposición", pero se hizo una prueba, ha declarado, que "fue un fracaso". Se determinó que era inviable, y además, ha insistido, que el Colegio de Abogados podía decidir lo que considerase conveniente, pero "es el juez de guardia el que puede adoptar" una solución sobre el uso o no de medios telemáticos y ante eso, lo único que cabe, es un recurso a instancias superiores. "Si no está de acuerdo, que lo recurran".

Ha indicado que hay muchos sistemas de videoconferencia que son incompatibles con los existentes en la Ciudad de la Justicia, que además hubieran necesitado de su inclusión en el expediente digital y un trabajo técnico previo, además de una inversión. Otro argumento del decano es que la entrevista personal entre el detenido y el abogado debe ser presencial, según el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. "La entrevista reservada con medios técnicos es imposible". Ha dicho el decano que el arrestado habría de ser llevado a una sala aparte, con la presencia de dos agentes y el técnico y todos ellos se enterarían de lo que dice el encartado, lo que podría provocar la nulidad de actuaciones y del posterior juicio.

Ha indicado que en la Ciudad de la Justicia hay locutorios con cristales blindados y teléfonos que hacen innecesario instalar el sistema de videoconferencia propuesto por los letrados, que además "no cumplía la ley y era antieconómico". Ha dicho que esta situación de incomparecencias se da, sobre todo, en el turno de oficio, no cuando el abogado es de pago. Algunos del turno de oficio "se quedaban sin asistencia". Y ha dicho que han quedado "personas en libertad por falta de abogado", algo a lo que obliga la ley. "Saquen sus conclusiones", ha indicado.

El abogado debe estar en la actuación del juzgado de guardia hasta que el fiscal califique, ha indicado, y en la entrevista del detenido con el fiscal para ver si se conforma con la pena. "La presencia del abogado es fundamental en el juzgado de guardia y estos trámites necesitan su presencia, lo decimos por el detenido".

El juez decano ha acompañado a los periodistas a una visita del juzgado de guardia y sus instalaciones como los calabozos o la sala en la que se celebran las vistas y juicios rápidos. Incluso, ha acudido con un metro para demostrar que se respeta de más la presencia entre las partes intervinientes (fiscal, funcionario transcriptor, letrado de la administración de justicia, juez y abogado defensor). También ha enseñado los locutorios en los que hablan abogados y defendidos.