El Ministerio para la Transición Ecológica ha sacado a información pública la orden ministerial que modifica cuestiones relacionadas con el canon de ocupación y aprovechamiento del Dominio Público Marítimo Terrestre, lo que abre la puerta a que los chiringuitos no tengan que pagar esta tasa en lo correspondiente a los meses que ha estado vigente el estado de alarma, una medida que llevan reclamando insistentemente los empresarios de playas de la Costa del Sol.

La orden, en exposición pública hasta el 22 de este mes, señala que «los titulares de concesiones para la ocupación del dominio público marítimo terrestre con destino a establecimientos expendedores de comidas y bebidas y de autorizaciones cuyo objeto sea la explotación de servicios de temporada en las playas no abonarán al Estado la parte del canon correspondiente a los períodos en los que se haya impuesto el cese total de la actividad».

Asimismo, recoge que en cuanto a los periodos en los que sí es posible el desarrollo de su actividad pero con restricciones aplicadas debido al Covid , tanto en la reducción del aforo o en el aumento de las distancias entre sus elementos, «los titulares de las respectivas concesiones o autorizaciones, previa solicitud al Servicio o Demarcación de Costas correspondiente, tendrán derecho a una adaptación porcentual del canon equivalente al porcentaje de limitación del aforo o al número de elementos que se puedan instalar sobre la superficie de dominio público marítimo terrestre».

Asimismo, a solicitud de los establecimientos interesados, «se procederá a la devolución de las cantidades ya abonadas en concepto de canon que resulten contrarias a lo establecido» en la orden ministerial.

Por otro lado, señala que en el plazo de quince días naturales desde la entrada en vigor de la orden, los ayuntamientos deben informarán al Ministerio «acerca de las medidas que, en su caso, adopten para compensar la merma en los aprovechamientos que para los titulares de autorizaciones y concesiones sobre el dominio público supone la vigencia de medidas de cese de actividad, reducción del aforo o aumento de distancias entre los elementos, durante los meses que duren las medidas excepcionales». El Ministerio plantea que los consistorios informen dado que en muchos casos son los titulares de las concesiones y autorizaciones, que posteriormente adjudican a terceros, y «puesto que en muchas ocasiones las tasas impuestas a terceros por los ayuntamientos superan al canon estatal».