03 de noviembre de 2020
03.11.2020
La Opinión de Málaga
Bienestar social

La Junta reduce el copago a más de 900 mayores en los centros de día de Málaga

Los usuarios podrán ahorrarse una media de 980 euros al año

03.11.2020 | 11:25
La Consejera de Igualdad Rocío Ruíz

La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, a través de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA), ha aprobado la reducción del copago, es decir, la aportación económica de las personas usuarias de los centros de día de personas mayores. Esta iniciativa publicada en el BOJA establece la disminución de un 40 o 30 por ciento según si utilizan o no el transporte a un 25% para plazas con y sin transporte. Esta medida supondrá un ahorro medio de 980 euros al año para las 912 malagueños usuarios de este servicio.

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha explicado en un comunicado que el porcentaje de aportación que deben realizar las personas en situación de dependencia usuarias de los centros de día y noche para personas mayores no se ha modificado desde el año 2002. "Con esta medida, el copago en estos centros se equipara al de los centros de día para personas con discapacidad", ha añadido.

La Junta  cuenta con 6.855 plazas concertadas en centros de día para personas mayores en Andalucía, de las que 912 se ubican en Málaga. Esta medida, según el Ejecutivo autonómico, "repercutirá en la mejora de la capacidad económica de las personas mayores que acuden a los centros de día, al reducir la aportación que deben abonar por esta prestación que forma parte del catálogo de servicios de la Ley de Dependencia".

La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha adoptado además otras medidas de conciliación y continuidad asistencial como consecuencia de la crisis sanitaria para las personas beneficiarias de centros de día. "Estas medidas permiten que las personas en situación de dependencia, sus familias y personas cuidadoras puedan continuar su vida con la mayor normalidad posible", ha asegurado la consejera. Entre ellas, se dará prioridad para la revisión del Programa Individual de Atención (PIA) a las personas en situación de dependencia que les sea imposible la incorporación al servicio de centro de día, con el fin de reorientar la atención a otro servicio. Así se garantiza la continuidad asistencial a aquellas personas beneficiarias que lo soliciten y que, por su especial vulnerabilidad, hayan visto alteradas sus circunstancias de forma permanente.

Además, según ha informado la Junta, se garantiza el derecho de reserva de plaza siempre que resulte imposible incorporarse de forma presencial al centro. Estas personas disponen de un plan personalizado de tareas en su domicilio que incluye el seguimiento domiciliario o telemático diario.  Mientras la persona no pueda incorporarse al centro de día, se le aplica una reducción del 60 por ciento en la aportación al servicio. Por su parte, los centros deberán realizar tareas diarias de seguimiento adaptadas a cada situación concreta. En esta circunstancia, la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía abonará por las plazas ocupadas la diferencia entre el coste de cada plaza y las cantidades que deberían abonar las personas titulares, de no existir la reducción del 60 por ciento de la aportación.

Ruiz ha asegurado que esta medida "revela el compromiso del Gobierno andaluz para garantizar la prestación de los servicios públicos fundamentales ante una crisis social como la actual que exige respuestas inmediatas a necesidades urgentes e inaplazables".

COMUNICACIÓN CON LA FAMILIA

Los Servicios de Valoración de la Dependencia de las Delegaciones Territoriales están en continuo contacto con las familias de las personas beneficiarias de centros de día para explicar y aclarar todas sus dudas sobre las medidas puestas en marcha.  Asimismo, se ha habilitado una nueva línea de teléfono (954 407 131), así como un canal de Whatsapp (686 296 054) y un correo electrónico de consulta (infoatencionCD.assda@juntadeandalucia.es) para informar a las personas beneficiarias y a sus familias sobre el procedimiento necesario para las correspondientes revisiones del Programa Individual de Atención y para información sobre las medidas de conciliación.

Como complemento a estas medidas, el Consejo de Gobierno ha aprobado la propuesta de la Consejería para prorrogar las medidas económicas vigentes que garanticen las prestaciones de la dependencia hasta final de año ante la evolución de la pandemia. De esta forma, con el objetivo de garantizar la financiación del servicio de ayuda a domicilio, los centros de día para personas mayores y con discapacidad, los centros ocupacionales y la gestión de las prestaciones y procedimientos de reconocimiento en situaciones de dependencia, se ha planteado un cambio en la modalidad de atención de manera que se personalice a cada situación concreta. Para ello, ya se presupuestó en septiembre una cantidad de 1,3 millones de euros (1.299.796,944).

"Volvemos a anticiparnos en la gestión de la atención a las personas en situación de dependencia ante el aumento progresivo en el número de contagios por COVID-19 en toda la Comunidad andaluza y que tiene más peligrosidad en estas personas", ha sostenido la consejera, quien ha aludido al equilibrio entre las medidas de protección de la salud pública establecidas por la Consejería de Salud y Familias y la necesidad de proteger a las personas beneficiarias en situación de dependencia y al mismo tiempo favorecer la actividad económica de las entidades prestadoras y el mantenimiento del empleo.

En cuanto al servicio de ayuda a domicilio, se contempla la reconfiguración del contenido de las atenciones domiciliarias de forma personalizada, verificando que la persona queda debidamente atendida en sus necesidades. En todo caso, esto deberá garantizar la cobertura de las necesidades básicas de las personas usuarias de grado III (grandes dependientes) y grado II (dependientes severos).

En caso de suspensión del servicio de forma presencial, la ASSDA abonará a las administraciones provinciales el importe financiado establecido originariamente a pesar de la reconfiguración del servicio, siempre vinculado al compromiso de la entidad prestadora de mantener el empleo.

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