La delegada de Igualdad de la Junta en Málaga, María Dolores Fernández Trinidad, cumple un año en el puesto y hace balance para La Opinión de Málaga de las cuestiones más importantes de su departamento. Pandemia, políticas sociales, dependencia, exclusión social, violencia de género, brecha digital y la nueva Ley de Infancia, son algunas de las cuestiones analizadas.

¿Qué balance hace de su gestión en este primer año en el cargo?

Trabajar en las políticas sociales siempre es un reto y con el Covid aún más. Estamos contentos porque hemos sido capaces de dar una respuesta a las personas que peor lo estaban pasando porque, creo, hemos sido desde el primer momento ágiles y efectivos.

La semana pasada dijo en la presentación de un informe que «Por cada 100 euros destinados a políticas sociales, se genera en Andalucía un volumen de actividad económica de 127,4 euros» ¿Nos puede explicar esta afirmación?

Siempre hemos tenido claro que el dinero destinado a servicios sociales no es un gasto y sí una inversión que genera un impacto en la economía andaluza. Este fue el motivo por el que encargamos el estudio a la UMA, que en sus conclusiones aboga por una colaboración público-privada para lograr un tercer sector serio, profesional y riguroso. Ahora podemos hablar claro y ya sabemos que nuestras partidas presupuestarias sirven para mantener empleos directos e indirectos en varios sectores colaterales a la actividad social.

¿Qué se está haciendo para reducir la lista de espera en dependencia? ¿Qué cifras maneja la provincia de Málaga?

Llevamos meses trabajando en un proyecto que se está aplicando en Nerja, Rincón de la Victoria, Fuengirola, Benalmádena y Coín que evalúa la dependencia en un solo acto administrativo (la Ley de 2006 marca dos actos). El trabajador social solo tendría que hacer una visita al domicilio del dependiente, valorar el grado de dependencia y en el mismo día se dictamina el recurso que necesita (PIA). Llevamos tres meses y medio de ejecución del Programa y los datos que vamos obteniendo son muy buenos. Si hablamos de cifras, en 2021 hemos atendido a 40.741 usuarios de dependencia en toda la provincia de Málaga con 57.000 prestaciones; hemos reducido un 51% la lista de espera de los PIA (Plan de Acción Individualizada), cuando llegamos a finales de 2018, nos encontramos más de 12.000 expedientes pendientes de PIA y ahora tenemos menos de 6.000. A esto hay que sumarle los expedientes nuevos que se han generado en los tres últimos años.

¿Cuál es la estrategia, cómo se debe abordar una lacra tan grande como es la violencia de género? ¿Qué falta por hacer? ¿Qué está fallando? Llevamos años hablando de este tema y las cifras siguen siendo terribles

Hay que positivizar lo que se ha venido realizando, como por ejemplo el reconocimiento de las víctimas de violencia de género. Tenemos que seguir integrando a la víctimas en la prevención y sensibilización de esta lacra. Hay que intervenir en medidas que sean efectivas a largo plazo como es la educación en igualdad, la vacuna más potente para luchar contra la desigualdad; hay que educar a la población más joven, a las nuevas generaciones en libertad, sin estereotipos. Desde el IAM (Instituto Andaluz de la Mujer) estamos ejecutando un plan muy ambicioso de coeducación cuyo principal hito fue el II Congreso de Educación que se celebró en Málaga en Noviembre con gran éxito de asistencia. La formación en igualdad es la vacuna más potente para romper los estereotipos asentados durante años en nuestra sociedad. Queremos involucrar no sólo a los alumnos, formamos también a profesores, familias, y, próximamente, lo haremos también con las Ampas de los colegios. Hay terribles datos que manejamos que dicen que ante el conocimiento de un caso de violencia de género, el 44% de las personas no hace nada y solo un 15% llama a la Policía. Esto se cambia visibilizando al entorno de la víctima porque hay muchas víctimas que no tienen fuerza para hacerlo.

En plena polémica por las actuaciones de algunos bancos con los usuarios más mayores, ¿Cómo se afronta desde Igualdad esta problemática de la brecha digital con la tercera edad?

La brecha digital se ha evidenciado sobre todo con la pandemia, que se ha cebado con los mayores y con las personas en riesgo de exclusión social. Nosotros llevamos implantando desde hace más de un año una estrategia que quiere romper esa brecha. Queremos que los mayores estén activos y para ello llevamos varios meses impartiendo talleres de informática y de actualización digital en los Centros de Participación Activa para familiarizarlos con los avances tecnológicos. Además, en una o dos semanas vamos a dar otros cursos más específicos para que aprendan a manejarse y realizar operaciones bancarias.

¿Cómo se está desarrollando la nueva Ley de Infancia y Adolescencia de Andalucía aprobada en el verano pasado? El menor malagueño ¿está ahora más protegido por Ley? ¿Cuántos menores acogidos hay en los centros de protección públicos en la provincia de Málaga? ¿Y familias colaboradoras?

La ley de la Infancia ha puesto a Andalucía como referente en la protección de los menores porque ajusta la realidad de los menores al Siglo XXI. Hay que crear entornos seguros para tener armas para luchar contra lacras como el bullying, el consumo de pornografía... También va a ser un arma importante para luchar contra la pobreza ya que previene contra ella y contra el abandono y la violencia. Es una ley transversal que afecta a un montón de áreas (Empleo, Sanidad, Vivienda, Educación...). Contempla una nueva prestación, la Prestación por la Infancia y la Inclusión que va ayudar a que los menores vivan en un entorno seguro: un menor, una familia. En Málaga ahora mismo hay 455 menores en acogimientos (193 en familias ajenas y 262 en familias extensas, de su entorno familiar); 365 familias acogedoras (154 ajenas y 211 extensas). Un total de 379 menores continúan en centros sociales.

¿Cuáles son los retos y las asignaturas pendientes, al más corto plazo, a los que se enfrenta María Dolores Trinidad en su gestión al frente de la Delegación de Igualdad?

El reto es seguir mejorando las condiciones en el día a día de todas las personas vulnerables y que lo pasan mal por motivos económicos o por motivos de salud (dependencia y enfermedad). Le doy importancia a que la dependencia se desarrolle y podamos hace ese cambio normativo para que el proceso de evaluación de la dependencia se reduzca a un solo acto administrativo y sea más ágil.