La sinergia entre administraciones del mismo signo político es una tónica tan actual como la confrontación que suele separar a las instituciones si están gobernadas por partidos distintos. Un caso del primer tipo se ha visto ilustrado por las novedades anunciadas este martes por la Junta de Andalucía tras una nueva reunión de su Consejo de Gobierno. El Ejecutivo monocolor del PP ha seguido los pasos ya dados por el Ayuntamiento de Málaga y se ha sumado al Gobierno municipal para facilitar el impulso de un parque comercial en los terrenos de la antigua fábrica de ladrillos y tejas Salyt, cuyas instalaciones llevan varios años abandonadas en las proximidades de la barriada de Carlinda.

Una vez que el Consistorio de la capital malagueña dio luz verde el pasado mes de abril al convenio urbanístico que lo hará posible, el Gobierno andaluz ha aprobado ahora la inclusión en su Unidad Aceleradora de Proyectos de este espacio para negocios minoristas, que generará un mínimo de 350 empleos y supondrá una inversión de 36 millones de euros. Al hacer este anuncio en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, insistió en que "este Gobierno andaluz tiene la obsesión de captar inversiones en la comunidad".

En esta parcela de unos 53.000 metros cuadrados situada junto a la circunvalación de la capital malagueña y en el término del distrito Bailén-Miraflores, se destinarán a unidades comerciales casi la mitad de la superficie, unos 21.000 metros cuadrados, y además está prevista la creación de casi un millar de plazas de aparcamiento, tanto subterráneas como en superficie, según reza en el convenio urbanístico bendecido por el Consistorio de la capital malagueña. 

Ahora bien, la futura construcción de este parque comercial no ha estado exenta de críticas y los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Málaga -PSOE y Unidas Podemos- votaron en contra al considerar que este uso no casaba con las reivindicaciones de diversos colectivos vecinales de la zona. 

El uso comercial de los terrenos de esta antigua fábrica, que inició su actividad en 1945, también repercutirá en la puesta en valor de zonas verdes o en la cesión de una parcela al Ayuntamiento de Málaga, que consensuaría con los vecinos la puesta en marcha de un equipamiento público en una superficie de 800 metros cuadrados.