Vivienda

Málaga aprueba fijar un tope de 150.000 euros a la vivienda protegida

Ciudadanos apoya una moción del PSOE en la que pide un plan para edificar nuevas promociones con fondos públicos y precio reducido para jóvenes y familias - Por unanimidad se aprueba solicitar a Gestrisam un estudio sobre bonificaciones fiscales que incentiven el alquiler de larga duración

Imagen de edificios de VPO en Soliva.

Imagen de edificios de VPO en Soliva. / Arciniega

Ana I. Montañez

Ana I. Montañez

Al igual que ocurrió en el último pleno ordinario de 2022, la primera sesión del presente año ha centrado las exposiciones de los miembros de la Corporación municipal en el problema del acceso a la vivienda que sufre la población malagueña.

A través de una moción urgente del PSOE que ha contado con el apoyo de Ciudadanos -socios de Gobierno- y Unidas Podemos, ha salido adelante el compromiso por parte del Ayuntamiento de Málaga de fijar en 150.000 euros el tope máximo al precio de la vivienda protegida.

Con el voto en contra del Partido Popular, ha salido adelante establecer ese precio reducido a las nuevas viviendas de tres habitaciones y garaje construidas en colaboración con la Junta de Andalucía, “otras administraciones y estamentos privados”, con el objetivo de “ayudar al desarrollo de jóvenes y familias que se ven abocados a abandonar la ciudad de Málaga por el grave drama habitacional”.

Ese límite al precio de las viviendas protegida fue una iniciativa que ya presentó el Partido Socialista al pleno de diciembre de 2022, aunque entonces no salió adelante porque tanto el PP como Cs entendían que los precios en el mercado inmobiliario fluctúan y dependen de factores como el coste del suelo o de los materiales. En este caso, sí ha contado con el apoyo de los grupos.

Han salido adelante otros dos puntos en los que se insta a la Gerencia Municipal de Urbanismo y el Instituto Municipal de la Vivienda a "centrar todos sus esfuerzos en atraer proyectos de vivienda asequible, en colaboración público-privada" así como que la Junta de Andalucía y al IMV desarrollen "planes realistas y funcionales de ayudas directas al alquiler".

Asimismo, los concejales han vuelto a debatir el Plan Municipal de Vivienda 2023-2027 presentado por el equipo de gobierno y que está pendiente de aprobación definitiva. A través de una moción urgente del Partido Popular, se ha aprobado con las 15 abstenciones de la oposición instar a la Junta de Andalucía y al Gobierno de España que incluyan en sus respectivos programas de vivienda las “necesidades” que recoge el análisis municipal para los próximos cinco años, un período en el que el Partido Popular asegura que construirá 8.900 viviendas.

“Un plan para el que no han contado con nadie, ni con la oposición ni con nadie. No estamos de acuerdo porque nos parece insuficiente y poco ambicioso pero es que ahora se les ha ocurrido que sea el Gobierno de España quien lo financie mientras alaban la labor inexistente de la Junta de Andalucía.”, ha criticado la edil socialista María del Carmen Martín.

“Este plan de vivienda mucho nos tememos que va a ser como otros planes que ustedes sacan siempre justo antes de las elecciones”, ha esgrimido la coportavoz de Unidas Podemos, Remedios Ramos.

Incentivos al alquiler

Ciudadanos también ha defendido una moción sobre vivienda, en este caso sobre incentivos fiscales para incentivar que los propietarios de viviendas las destinen al alquiler de larga duración. 

La moción, con una enmienda propuesta por el concejal de Economía y Hacienda, Carlos Conde y aceptada por Noelia Losada, solicita a Gestrisam que finalice un estudio que tiene ya iniciado para bonificar el IBI e I CIO, “destinadas a incentivar el alquiler de larga duración de viviendas con renta limitada por una norma jurídica dentro de un marco de equilibrio presupuestario y sobre la base del Anteproyecto de Ley del Derecho a Vivienda en tramitación en las Cortes desde mayo de 2022”.

“Este estudio puede abrir una vía potente de bonificaciones. Existe un problema de base para muchos propietarios que o bien tienen miedo a los impagos o se sienten inseguros a la hora de ofertar sus viviendas”, ha esgrimido Losada, que opina que algunos propietarios evitan poner sus viviendas en el mercado o se protegen subiendo precios. La propuesta ha salido adelante por unanimidad.