La Junta alumbra varias medidas para que el sector privado se anime a construir VPO

La Junta de Andalucía pondrá en marcha una serie de medidas encaminadas a que los promotores se embarquen en la promoción y la construcción de viviendas de protección oficial (VPO), algo a lo que en los últimos tiempos habían ofrecido muchas reticencias por la inflación y la consiguiente subida de los costes de producción. Con la aprobación de un nuevo decreto de simplificación administrativa en el Consejo de Gobierno, ya se ha dado luz verde a la tramitación de una serie de modificaciones que atienden las reivindicaciones de los promotores y los invitan a animarse a pujar por los suelos que las instituciones públicas sacan a subasta para desarrollar este tipo de promociones, a lo que ahora por lo general se niegan. Por ejemplo, el precio de los módulos con los que se fija el valor de los metros cuadrados de las viviendas protegidas subirá casi un 15%, un 14,5% para ser exactos. Y, al mismo tiempo, se harán más fléxibles las limitaciones salariales ampliándolas para que una mayor parte de la población de clase media pueda acceder, pese a tener más ingresos, a estas viviendas sociales. 

Valoración de los promotores

El presidente de la patronal andaluza de construcción Fadeco Promotores, el malagueño Ignacio Peinado, lo valoró en terminos positivos y recordó que «la gran inflación en los costes de producción de los últimos años ha dificultado enormemente la viabilidad de la promoción de vivienda protegida». «Sólo los materiales de construcción experimentaron subidas por encima del 20%, incrementos que han sido todavía mayores en el coste de financiación; y estos hechos han provocado que la promoción de vivienda protegida no haya conseguido alcanzar los volúmenes deseables para impactar en el mercado, y generar una oferta suficiente de vivienda asequible en Andalucía», añadió el también presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga (ACP).

A juicio de Peinado, «la actualización del módulo y rentas de alquiler vienen a equilibrar, en parte, esa inflación, favoreciendo la viabilidad de desarrollo de estas viviendas protegidas». «Con esta medida, Andalucía gana en competitividad con otras comunidades autónomas que contaban con condiciones más favorecedoras para el desarrollo de vivienda asequible en venta y alquiler», dijo el presidente de Fadeco. 

Igualmente, Peinado destacó que se hace «más universal e inclusivo el espectro de beneficiarios de este futuro parque de vivienda protegida», lo que «favorecerá que un mayor número de familias andaluzas puedan acceder a una vivienda, en alquiler o propiedad, con esfuerzos equilibrados a su nivel de renta».

 «Este decreto aumenta en más de un 25% el colectivo elegible para estas viviendas, y lo extiende a una mayor parte de la clase media trabajadora que había quedado fuera del acceso a una vivienda, por no alcanzar los precios del mercado libre y tampoco era calificado como beneficiario de una vivienda protegida», subrayó.

Un movimiento esperado

La subida de los precios de la vivienda asequible era un movimiento esperado por el sector de los constructores y promotores, y sus asociaciones profesionales lo venían reclamando. Así quedó de manifiesto el pasado mes de noviembre durante la celebración del Salón Inmobiliario del Mediterráneo (SIMED) en el Palacio de Ferias de Málaga.

En este marco, se puso el foco sobre la necesidad de impulsar la construcción de vivienda protegida. Y, de hecho, la Junta de Andalucía adelantó que ya estaba trabajando en la recién aprobada modificación de los módulos con los que se fija el precio de referencia de los metros cuadrados de estas viviendas. La secretaria general de Vivienda del Gobierno autonómico, Alicia Martínez, aseguró que este cambio se iba a llevar a cabo «de la mano del sector» y «más pronto que tarde».

En el mismo foro, el alcalde de Málaga, Paco de la Torre, se refirió a la realidad que ha llevado a los promotores privados a reivindicar nuevas condiciones para que el desarrollo y la explotación de las promociones de VPO les resulte rentable. De la Torre expuso que habían dejado de «lanzarse» a este tipo de obra porque los precios de los módulos «se habían quedado cortos en relación a la evolución de la inflación». «Los promotores privados son mucho más numerosos que los públicos, más ágiles, tienen una gran experiencia profesional, saben hacer bien las cosas, pero tienen que tener unos números para que no pierdan dinero en las VPO», defendió el incombustible regidor malagueño.    

Apuesta por la VPO

En la actualidad, se está asistiendo a cierta recuperación de la apuesta de las administraciones públicas por las viviendas protegidas. Por ejemplo, en el sector Universidad -en las inmediaciones de Los Asperones y de la ampliación del campus universitario de Teatinos- ya se han iniciado las labores de construcción de un barrio completo de VPO para alquiler, que tendrá alrededor de un millar de viviendas y cuenta con la implicación del Ayuntamiento de Málaga, la Junta de Andalucía y el Gobierno central.   

Además, la Entidad Estatal de Suelo (SEPES) está preparando los terrenos para que se lleve a cabo la construcción de otras 1.300 VPO en Buenavista, junto al recinto que hubiese albergado la Exposición Internacional de Málaga de 2027, y acordará con el Ayuntamiento de Málaga cómo se concretarán las actuaciones que allí se realicen.

Sin ir más lejos, el propio Consistorio sacará a subasta suelo para que promotores privados acometan la construcción de más de un millar de VPO en la zona de Intelhorce, tanto en los terrenos de la fábrica de amoniaco como en Sánchez Blanca (el nuevo Distrito Zeta).

Igualmente, la Junta de Andalucía está impulsando en Lagar de Oliveros, una zona de expansión de la capital malagueña situada al oeste de Puerto de la Torre, la construcción de 2.800 viviendas y más de la mitad de ellas -1.633- serán protegidas. Recientemente, el Gobierno andaluz también ha reactivado tras casi tres décadas paralizadas las obras para la construcción de otras 365 VPO en la bariada rondeña de La Dehesa.