Los médicos de prisiones llevan casi dos décadas esperando a ser integrados en el SAS

Faltan médicos en las cárceles de Málaga. En la prisión de Alhaurín de la Torre solo hay cubiertas tres de las diez plazas creadas para dar atención sanitaria a los más de mil internos que actualmente cumplen condena. La situación se agrava aún más en el caso del centro penitenciario de Archidona, donde solo hay un facultativo para asistir a los más de 400 reclusos.

Encontrar médicos que quieran ejercer en las prisiones cada vez es más complicado, por ello el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) ha vuelto a insistir a las comunidades autónomas para que cumplan con su responsabilidad legal e incluyan a estos profesionales en sus correspondientes servicios autonómicos de salud. En el caso de Andalucía, como ratifica el Colegio de Médicos de Málaga, deberían pasar a formar parte de la plantilla del Servicio Andaluz de Salud (SAS), en lugar de depender del Ministerio del Interior. 

En el año 2003, se realizó una modificación en la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud para que los servicios sanitarios dependientes de instituciones penitenciarias fueran transferidos a los correspondientes servicios de salud de cada comunidad autónoma. La Disposición Adicional Sexta establecía que la integración debía realizarse en el plazo de 18 meses. 

Comunidades que cumplen la ley

No obstante, desde finales del año 2004, solo tres comunidades han asumido esta competencia (País Vasco, Cataluña y Navarra), lo que significa que, a día de hoy, el resto de autonomías están incumpliendo el mandato de la ley. 

“Llevamos casi 20 años esperando a que se transfiera a las comunidades autónomas. Las plazas que salen son pocas y no se cubren, casi el 65% están vacantes”, denuncia Francisco Macero, miembro de la Ejecutiva Nacional del sindicato Acaip (Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias) y trabajador de la prisión de Alhaurín de la Torre, donde llevan años sufriendo la falta de personal sanitario.

“Muchos días no hay ningún médico para atender a los casi 1.100 internos y, además, los informes médicos también son necesarios para un montón de tareas administrativas como, por ejemplo, mandar un interno a otro centro, a aislamiento o cambiarle de módulo”, explica Macero, que recuerda que es frecuente que el médico deba atender situaciones de urgencia derivadas de autolesiones de los internos, intoxicaciones por estupefacientes o lesiones que pueden producirse con otros internos. En total, señala que en la provincia de Málaga hay una docena de plazas sin cubrir. 

Riesgo para los internos

Advierte que esta falta de médicos supone tanto un peligro para los internos, como una sobrecarga para los centros sanitarios cercanos a la prisión a los que se derivan los reclusos enfermos. “Eso supone conducción de la Guardia Civil, lo cual requiere su tiempo porque estas cosas no son inmediatas. De manera que, al final, es la diferencia entre que te vea un médico en un tiempo razonable, a que tengas que esperar siete horas a que te saquen al hospital”, apunta el representante del sindicato, que destaca que estos traslados acaban saturando las urgencias, que suelen dar prioridad a los reclusos para evitar problemas.

Según el Consejo General de Médicos, este incumplimiento de la ley ha provocado una pérdida continua de profesionales, generando “un grave problema de asistencia” a la población reclusa en los centros penitenciarios. Una situación que amenaza con agravarse teniendo en cuenta que existe una petición masiva de excedencias y jubilaciones de los profesionales. Aproximadamente, el 54% de los médicos en activo supera los 60 años. “De los tres médicos de la prisión de Alhaurín, uno está muy cerca de la jubilación y alguno tiene otras opciones laborales que se está planteando”, indica Macero.

Mejores condiciones

Tanto los colegios de médicos como Acaip defienden que la solución a este problema pasa porque las comunidades cumplan con la ley y transfieran estos médicos a sus servicios de salud autonómicos, ya que se traduciría en mejores condiciones laborales. Actualmente, según ha manifestado el CGCOM en un comunicado, las convocatorias de plazas suelen fracasar por las condiciones de trabajo, el requisito de la especialidad en Medicina de Familia y Comunitaria o de Medicina Interna y la escasa remuneración. 

En este sentido, Macero añade que, a día de hoy, el médico de prisiones solo puede pedir el traslado a otra prisión, pero, si se incorporase en el servicio de salud andaluz, tendría más opciones. “El centro penitenciario pasaría a ser un ambulatorio o un centro de atención primaria, con lo cual la plantilla la proporcionaría el SAS y el centro penitenciario sería un destino más dentro de todas las opciones”, argumenta el representante del sindicato, que recuerda que en su momento los profesores de prisiones fueron transferidos a los sistemas educativos autonómicos que absorbieron esas competencias.

Por todo ello, el Consejo General de Médicos pide a las comunidades autónomas que aún no hayan realizado la transferencia que “cumplan con su responsabilidad legal” para conseguir una mejora de la atención sanitaria y de la salud de los reclusos a través del fortalecimiento de la sanidad penitenciaria. “Uno de los primeros requisitos que nos encarga la ley no solo es custodiar los internos, sino atender sus necesidades básicas, como darles de comer o velar por su salud, pero la salud es uno de los derechos que ahora mismo no se está cumpliendo”, concluye Macero.