Coincidiendo con el Día de la Mujer, la Unión Europea ha dado un tirón de orejas con ultimátum, a la vez que algunos datos que ilustran la situación de las mujeres en los puestos directivos de las empresas europeas. Desde su puesto de vicepresidenta de la Comisión Europea y responsable de Justicia, Viviane Reding, explicó que, en la actualidad, sólo el 12% de los miembros de los consejos de administración de las mayores firmas europeas son mujeres; en España el dato es aún más bajom pues está en torno al 10%. En el 97% de los casos el consejo de administración está presidido por un hombre. Las cifras varían según los países, desde un 26 % de miembros femeninos en los consejos de dirección de Suecia y Finlandia hasta un 2% en Malta.

La señora Reding se ha reunido con un grupo de directivos europeos y les ha pedido que, por las buenas, aumenten al 30% la presencia de mujeres en los consejos de administración de aquí a 2015 y al 40% en 2020. Y les ha dado un plazo de un año para que empiecen a tomar medidas efectivas que hagan posible esa proporción. De lo contrario, amenazó con regular mediante una ley europea el equilibrio de género en las empresas si no hay avances en un año.

Se trata de hacer efectiva lo que en España y otros países llamamos las cuotas, bien de manera consentida u obligada. En uno u otro caso esta discriminación positiva tiene sus defensores y detractores. La discusión es más evidente en el campo femenino.

Los datos señalan que hay una resistencia seria y efectiva de los hombres a permitir el acceso de las mujeres directivas los puestos de decisión ejecutiva de las empresas. ¿Pero es el sistema de cuotas el más ejemplar para que la mujer acceda y trabaje en paridad a los varones?

Puede que desde los poderes públicos sea necesario remover y atacar la resistencia masculina a mantenerse en la poltrona de los puestos ejecutivos. Pero parece más necesario que desde esos mismos poderes públicos se avance en acciones que vayan eliminando las cuotas, en acciones que hagan posible que la mujer acceda exclusivamente por méritos, capacidad y cualificación. Son los poderes públicos los que deben, además de amenazar con imponer las cuotas, hacer efectivas las políticas que permitan que la mujer preparada esté en paridad con el hombre preparado. Sin cuotas.