La LOMCE del ministro Wert tiene un corto recorrido. La impone una mayoría parlamentaria con la oposición del sector de la enseñanza en peso, lo cual provoca una situación sin precedentes en democracia. No hay discrepancias sobre su calidad o utilidad, sino rechazo unánime. Varias autonomías anuncian su propósito de no aplicarla, y en aquellas cuyos gobiernos responden a la disciplina del PP serán sectores docentes, discentes o de padres quienes la saboteen ganando tiempo hasta su próxima abolición, pues así lo ha decidido la oposición política y es de todo punto impensable que el partido de la derecha gobierne otra Legislatura. Después de que el grupo parlamentario se haya cerrado a toda negociación significativa, el ejecutivo estatal tendrá que velar por su aplicación a fuerza de sanciones de toda índole. Y cuanto más castigo, menos chance electoral.

Es inaudita esta manera de gobernar. La intransigencia equivale a creerse en posesión de la única verdad y a erigir en dogma el criterio de un ministro. Hay que preguntarles para quién gobiernan, cuando nadie ha dejado de exponer argumentos en contra, prevenciones y advertencias de estrago en la estructura de la educación, que es tanto como vaticinar un futuro de ruina. La controlada ductilidad que corresponde al poder en asuntos de profunda sensibilidad social ha fallado en este caso, y no solo en éste. Todo es acumulativo y conspira contra la renovación de la confianza. Alguien les ha dicho a estos aficionados que gobernar es así, y cierran ojos y oídos para no dejarse desviar por el clamor general. Serán víctimas de sí mismos, porque los gestos de despotismo no solo repugnan; sobre todo, alarman.

La ley Wert es muy dura, pero el proverbio latino no le es aplicable porque será efímera. Su tramo de vigencia estará alterado por los recursos interpuestos y los que se interpongan, así como por las medidas que Rajoy y Wert tengan que adoptar para no quedar colgados de la brocha en un episodio de insumisión, o desobediencia civil y política, cuyo desenlace nunca les será favorable. La reacción se propone demostrar que una ley indeseable por mala puede hacerse odiosa en la aplicación espasmódica que va a tener, y en medio de coerciones y castigos por incumplimiento, cuya alternativa es hacer la vista gorda y caer en el pozo contrario: el del vacío fáctico, con una ley anterior derogada por otra que no se cumple. No hay modo de entender que rebajen la democracia a niveles tan degradantes. Así les va.