En defensa de la sanidad

En 2012 España dedicaba el 9,4% del PIB a gasto sanitario, muy similar a la media de los países de la OCDE, ocupábamos el puesto 26 de 34 en número de camas por 1.000 habitantes y el puesto 9 de los 34 Estados de la OCDE en número de médicos por 1.000 habitantes. Por fin, después de muchos años de atraso nos encontrábamos a la altura de los países desarrollados de nuestro entorno.

Pero en estos últimos años, la justificación que para todo ha supuesto la crisis económica ha motivado que los distintos gobiernos hayan aprobado sucesivamente y sin solución de continuidad una batería de recortes sanitarios sin precedentes en nuestra historia reciente y amparados exclusivamente y sin estudios objetivos y sistemáticos que los justificaran en el aserto de que, o se recortaba para mantener la sostenibilidad del sistema sanitario público, o éste entraba en quiebra.

Las cuentas de la sanidad pública española acumulan cuatro años seguidos de grandes rebajas presupuestarias: se han perdido casi 7.200 millones de euros. Los recortes sanitarios comenzaron con la supresión del principio de universalidad en la atención sanitaria expulsando a colectivos enteros de la asistencia sanitaria pública al sustituir la universalidad por el aseguramiento dejando fuera a todas las personas extranjeras sin autorización de residencia generando que unas 873.000 personas cuyas tarjetas sanitarias se han dado de baja se vean obligadas ahora a acudir a urgencias, asociaciones u ONG que las ayuden, a pagar la asistencia recibida o a buscar un sistema individual de aseguramiento sanitario. La reforma farmacéutica ha introducido el copago y la exclusión de más de 400 presentaciones farmacéuticas de la financiación pública sin atender a la capacidad económica del usuario receptor de las mismas penalizando, como casi siempre, a las personas más pobres o más enfermas y se ha creado una nueva cartera de servicios en tres niveles. También se ha reducido la actividad sanitaria con el consiguiente incremento de las listas y los tiempos de espera, determinadas comunidades autónomas han alumbrado proyectos para cerrar y privatizar centros sanitarios que, si bien han sido frenados por la presión social, por las mareas blancas y, en última instancia, por resoluciones judiciales, en cambio, de forma silenciosa y sutil están consiguiendo el mismo efecto mediante el cierre de camas o la reducción horaria de la actividad de unidades y quirófano. Y todo sin olvidar la disminución de las inversiones€

Pero especial mención merecen las medidas en relación a la disminución de los recursos humanos que inexorablemente no sólo se está proyectando sobre los profesionales sanitarios, sino que redundan en perjuicio de los usuarios por una atención de peor calidad y un incremento de las listas de espera.

La plantilla de trabajadores de la sanidad pública se está contrayendo. La cifra de empleados públicos en el sector, en los hospitales y los centros de salud no ha dejado de descender desde enero de 2012 mediante la aplicación de medidas como la congelación de las ofertas de empleo público, la realización de contrataciones al 75% de la jornada... Según un estudio reciente de CCOO, en dos años se han perdido 53.000 empleos en la sanidad pública.

La disminución del número de profesionales tiene una traducción evidente en la asistencia: aumentan las listas de espera, tanto las quirúrgicas como las de consultas con los especialistas. Actualmente el tiempo de espera para ser atendido por un especialista se cifra ya en 67 días, la más elevada de la serie histórica que proporciona Sanidad, el tiempo de espera quirúrgico no baja de 98 días, no se renuevan contratos a eventuales, no se reponen las plazas vacantes por jubilación de sus titulares y ya no se cubren las suplencias para sustituir a los trabajadores por enfermedad a excepción de casos excepcionales -cuidados intensivos, quirófanos...-, hay excesiva sobrecarga asistencial y ello genera un impacto negativo en los profesionales que viven situaciones continuas de estrés por la sensación de trabajar con precariedad.

Ante ello, CCOO apuesta firmemente por la defensa de un sistema sanitario público porque está convencida de que es más solidario, porque es garante de la igualdad, porque es sostenible y porque hoy más que nunca no podemos renunciar a la aplicación de los principios de universalidad, gratuidad, equidad, calidad, excelencia y respeto hacia el trabajo de los profesionales sanitarios. Es verdad que habrá que diseñar medidas para reducir costes u optimizar éstos, mejorar los sistemas de financiación, introducir nuevos elementos de mejora y evaluación pero debemos rechazar tajantemente las pretensiones de determinados sectores que abogan por la privatización o externalización del sistema o de la gestión privada de éste sin estudios serios que lo avalen y que en muchas ocasiones vienen amparadas en los grandes intereses económicos en juego que hacen difícilmente compatibles los beneficios que necesitan obtener las empresas sanitarias que optan a explotar el sistema público con las verdaderas necesidades de éste y de sus usuarios.

Como siempre, CCOO estará en la vanguardia de la defensa del sistema público sanitario y de sus profesionales y en contra de quienes se erigen en portavoces de la liberalización, del mercado, del beneficio que se encargan de alimentar el miedo a la quiebra y a la imposibilidad de sostener el sistema en la falsa afirmación de que las estructuras de gestión privada son más baratas y mejores.

Ahí seguimos y ahí estaremos.

*Juan Antonio Torres es Secretario de CCOO y presidente de la junta de personal del Hospital Regional