05 de agosto de 2017
05.08.2017
La Opinión de Málaga
Las siete esquinas

Las españas

El concepto de «soberanía nacional», que es el que está en juego en el referéndum de independencia de Cataluña, no tiene mucho sentido en el mundo líquido de Instagram o Facebook

05.08.2017 | 05:00

Los directivos de las cadenas privadas de televisión no quieren programar debates relacionados con el referéndum catalán, porque la audiencia baja de golpe cada vez que sale a relucir la palabra independencia. Es comprensible porque todos estamos ya muy hartos de todo lo relacionado con el procés. Pero a pesar de todo eso, lo que está en juego con la convocatoria del referéndum no es un asunto menor ni que pueda tomarse con indiferencia. Un país no puede vivir empantanado en un bucle diabólico como el del día de la marmota. Y las energías que deberían dedicarse a cosas mucho más urgentes –las pensiones, los salarios ridículos de muchos contratos en precario, la enseñanza pública, las mejoras en la sanidad– se pierden en una espiral suicida de desafíos y de pronunciamientos públicos que acaban durmiendo a las ovejas. Lo peor que se puede decir de este tema es que cualquier artículo escrito hace cuatro o cinco años tendría la misma actualidad que uno reciente. Y pido disculpas por reincidir sobre un tema tan poco atractivo.

Los partidarios del referéndum intentan hacernos creer que vivimos en un país autoritario y poco menos que sometido a una dictadura camuflada, pero la prueba de que eso no es cierto es que muy pocos universitarios actuales sabrían definir la palabra sedición o el concepto de alta traición, que son los únicos con que se puede describir de forma cabal, en términos jurídicos, la convocatoria de un referéndum ilegal de independencia por parte de una autoridad pública. En una dictadura, esos términos son de uso corriente porque el poder los usa para deslegitimar a sus adversarios o incluso para eliminarlos físicamente. Pero aquí, entre nosotros, nadie los ha usado en estos últimos cuarenta años, ni siquiera en los peores momentos del terrorismo de ETA, porque no forman parte del lenguaje normal de una democracia de pleno derecho.

Y el concepto de «soberanía nacional», que es el que está en juego cuando se trata del referéndum de independencia de Cataluña, tampoco tiene mucho sentido en el mundo líquido –o descaradamente gaseoso– de nuestras hazañas vitales colgadas en Instagram o de los amigos entrañables de Facebook que no hemos visto nunca aunque cada día nos envían sus likes. Y si el referéndum ha logrado movilizar a tantísima gente, hay que contar con que muchos de esos partidarios desconocen lo que está en juego con un cambio de nacionalidad y con todo lo que ese cambio traería consigo. Ya dije hace tiempo que muchos partidarios de la independencia creen que cambiarse de país es algo tan sencillo –y tan fácil de enmendar– como un cambio de compañía telefónica, algo así como pasarse de MoviStar a Jazztel. O a Telekom Albania, si a eso vamos.

Pero las cosas no son tan sencillas. Ni de lejos. Según todos los organismos internacionales, una Cataluña que se declarase independiente mediante un referéndum ilegal no podría pertenecer a la Unión Europea ni sería reconocida por ningún país importante del mundo. Quizá sólo Etiopía, Sudán y las islas caribeñas de Saint Kitts and Nevis –los únicos países del mundo que reconocen el derecho de autodeterminación dentro de sus fronteras– llegarían a reconocer a la Cataluña independiente. Ah, se me olvidaba que también Uzbekistán y Liechtenstein tienen constituciones que parecen dejar la puerta abierta a una posible secesión interna, así que a lo mejor también enviarían embajadores a Cataluña. Pero no hay un solo país más que reconozca el derecho de autodeterminación. En ninguna parte del mundo.

Y aun así, deberíamos hacer un esfuerzo para solventar eso que llamamos el problema territorial, por cansino y tostonazo que sea ese problema. Esa reforma debería hacerse por consenso y respetando todos los procedimientos previstos por la Constitución, y si se hiciera, habría muchas posibilidades de mejorar las cosas. Y por paradójico que parezca, la monarquía se presta mejor que la república para asumir muchos de estos cambios. Durante más de tres siglos, los monarcas hispanos llevaron el título de «rey de las Españas», que fue usado por primera vez por Carlos V y que siguió usándose hasta el derrocamiento de Isabel II en 1868. Esa denominación incluía la España de Ultramar –la de Cuba y Filipinas– pero también la interior, ya que el antiguo reino de Navarra siguió acuñando moneda propia hasta bien entrado el siglo XIX.

En este sentido, si se recuperase ese título de «reino de las Españas», sería mucho más fácil que Cataluña –o Euskadi o Galicia– pudieran lograr un encaje que fuera casi de tipo confederal, hasta el punto de que pudieran llegar a tener una especie de pasaporte propio: bastaría poner, bajo el epígrafe principal de Reino de las Españas, el nombre Catalunya, así que un mismo pasaporte serviría para los ciudadanos que se sienten sólo catalanes y los que sienten a la vez catalanes y españoles. Y esa reforma, además, debería introducir la cooficialidad en toda España de las cuatro lenguas hispánicas. Y también habría que introducir cosas que nos parecen impensables pero que no lo son en absoluto: ¿Por qué no desfila el Ejército con la bandera catalana además de la española cuando está en Cataluña? Y se podrían hacer muchas reformas más. Todo con tal de terminar de una vez con la tabarra del referéndum y con la murga insoportable de los independentistas. Ojalá.

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