19 de septiembre de 2017
19.09.2017
Tribuna

Cuarteto de viento

19.09.2017 | 05:00

A escasas fechas del primero de octubre, el cuarteto formado por Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Carme Forcadell y Ada Colau ha enviado una insólita carta al presidente del Gobierno, con copia al Rey, en la que pide pactar el referéndum. El asombro viene de comprobar el cinismo sustanciado de los firmantes, reclamando una negociación con el Gobierno sobre una consulta ilegal que han convocado de forma unilateral y mientras están inmersos en la desobediencia.

Haciendo caso omiso de la Constitución, que extiende la soberanía a toda la ciudadanía española, la misiva hace «un llamamiento al diálogo para abordar de qué manera nos podemos poner de acuerdo para que los catalanes celebremos el referéndum».

Tampoco tienen en cuenta las funciones de carácter exclusivamente representativo e institucional que el régimen parlamentario reserva al jefe del Estado y que enerva cualquier protagonismo suyo en litigios políticos, tal y como solicita el cuarteto: «un diálogo abierto y sin condiciones. Un diálogo político, desde la legitimidad que cada uno representa, para hacer posible lo que en democracia nunca es problema ni todavía menos un delito: escuchar la voz de la ciudadanía».

Ha hecho falta que el Tribunal Constitucional suspenda las leyes emanadas del Parlamento de Cataluña y que la fiscalía se ponga en marcha, para que los firmantes de esta carta que representan a tres partidos políticos independentistas envíen, a toda velocidad, un mensaje a sus seguidores. En él, tratan de evidenciar que lo han intentado todo, pero la sinrazón del Estado hace imposible cualquier acuerdo.

Eso sí, sin renunciar al diktat emitido en su día por el jefe del ejecutivo catalán, «referéndum o referéndum», tautología y cerrojo que impedía tratar otros asuntos y cuyo fin previsto era lograr, de forma pacífica y definitiva, la separación de España cuando las puertas del diálogo aún estaban abiertas, no sé si de par en par, pero abiertas. Diálogo que justamente, en el ánimo del Gobierno, lo que trataba era de encontrar vías alternativas al referéndum.

La carta del cuarteto ha sido remitida en paralelo al Financial Times y los términos de la misma no dejarán de hacer las delicias del diario británico: «los conflictos políticos se resuelven, en los sistemas democráticos, a través de propuestas políticas que son consecuencia de negociaciones y diálogo». Música celestial tras el brexit.

Y en el apogeo de la carta se revela, con claridad, la intención que subyace a su envío, pues el cuarteto enseña el plumero al denunciar la represión: «el Estado español ha empezado una ofensiva de represión sin precedentes en la que contempla desde la limitación al derecho fundamental a la libertad de expresión, impidiendo actos públicos y amenazando medios de comunicación, hasta la detención del 75% de los alcaldes de Catalunya por haberse mostrado dispuestos a participar en el referéndum». De esto se trata, de apantallar con la represión.

Este párrafo viene a decir que el Gobierno, con su presidente al frente, tendría que inmolarse, allanándose a los deseos separatistas, que consisten en impulsar la ruptura democrática a través de la celebración de una consulta ilegal y la inmediata proclamación de la república catalana. No hace falta ser muy esquinado para adivinar que esa era la intención de la apresurada solicitud de diálogo planteada por el cuarteto.

Es decir, de las dos hipótesis posibles, el grupo de los cuatro se inclina, sin titubeos, por la responsabilidad penal del presidente «por traición o contra la seguridad del Estado», de acuerdo con lo previsto en el Artículo 102 de la Constitución (1. La responsabilidad criminal del presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo 2. Si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, sólo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo 3. La prerrogativa real de gracia no será aplicable a ninguno de los supuestos del presente artículo).

Este procedimiento especial no se explica solamente por la tutela de las funciones públicas desempeñadas por los sujetos enjuiciados, sino que tiene que ver también con la naturaleza de los delitos imputados, cuya trascendencia es evidente, al suponer un atentado a la integridad territorial, la independencia o el orden constitucional del Estado. Exactamente lo que pretende la hoja de ruta del cuarteto.

Pero de todo esto no se hace mención en la nota enviada al influyente periódico londinense. Solamente, se abunda en la represión judicial a la hora de hacer cumplir las leyes y tampoco hay mención a que, en el caso de jueces y fiscales, no hacerlo sería incurrir en un delito de prevaricación.

Pero todo esto al cuarteto le sale por una friolera ya que su celo se activa al manejar propaganda low cost, capaz de enardecer a propios, desesperar a los contrarios y entretener a quienes siempre divierten estas «cosas de los españoles», tan extrañas, tan extravagantes.

Llega tarde la carta, pues se trata de una tentativa de arreglo tardía y a destiempo, con dudosa intención y formulación equivocada. Y miente descaradamente al denunciar las detenciones de alcaldes, cuando únicamente se les va a tomar declaración en sede judicial –a instancias de la fiscalía– con el apercibimiento de que, en caso de no presentarse, se les llevará por la policía ante el juez, como a cualquier ciudadano ¿No habíamos quedado en que la justicia era igual para todos?

Tampoco se entiende qué pinta la alcaldesa, firmando una carta a Rajoy y al Rey junto al presidente y vicepresidente de la Generalidad y la presidenta del Parlamento catalán, cuando es sabido que antes de subirse, a trompicones, a la iniciativa del envío de la carta, ha estado balanceándose en el cálculo de probabilidades de las distintas fórmulas y garantías que la librasen de la inhabilitación. Claro que al incorporar a la regidora del mayor municipio del Principado, la debida proporcionalidad escala a tamaño gigantesco con Barcelona dentro, la misma que, mientras tanto, está perdiendo con la insumisión de su ardorosa batlesa el tren de la Agencia del Medicamento. En todo caso, claro ejemplo de alguien que pone sus intereses personales por encima de todo; alberga ilusiones de ser futura presidenta y no ha querido arriesgarse a ser excluida de la carrera. Así de sencillo.

Por lo que se refiere a los destinatarios de la misiva, esta llega cuando la maquinaria del Estado se ha puesto en marcha y no resulta posible pararla. Los pasos dados por el Gobierno han sido con respeto a la legalidad. Las medidas adoptadas se han basado tanto en decisiones del Tribunal Constitucional como a través de las instrucciones dadas por el fiscal general del Estado. Pero la paciencia parece haberse agotado tras reiterados intentos e invitaciones a dar marcha atrás. La suerte está echada y una de las dos partes tendrá que soportar el peso de la ley. La carta, como todo el procés, es un papel que envuelve una piedra, un mero ejercicio de poder desnudo y duro.

El cuarteto de viento no ha acertado en su intentona ominosa, de punto final. Pero quizás tampoco lo pretendía.

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