14 de abril de 2019
14.04.2019

Miserias y grandezas de la ciudad: en contra del rascacielos den el Puerto de Málaga

14.04.2019 | 05:00
Miserias y grandezas de la ciudad: en contra del rascacielos den el Puerto de Málaga

Los grandes proyectos urbanos concentran a veces en torno a sí las peores y las mejores intenciones. Es lógico, pues son intervenciones que habitualmente rebasan la escala local -aunque se produzcan en el interior de la ciudad-, y sus consecuencias se extienden por el territorio más allá de lo urbano. La denominación habitual de «operaciones» urbanas no sólo apela a una metáfora quirúrgica, sino que literalmente son actos urbanos de cirugía que abren en canal la ciudad, el territorio o el paisaje, y tras los cuales éstos a duras penas son reconocibles; es decir, nunca volverán a ser los mismos. La modernidad ha utilizado la violencia de la revolución o de la gran reforma para transformar el espacio y la historia. Habitualmente las dos formas han olvidado la cotidianeidad de la vida de gente, cuando ésta se debe recrear por la comunidad en la ciudad, día tras día. La modernidad inconsciente deviene en retroceso.

La controversia del rascacielos que se ha propuesto para el Puerto de Málaga permite observar, por un lado, la manera en cómo se han aliado políticos, empresarios, técnicos y medios de comunicación para imponerlo en un «acuerdo tácito» que une –en proporciones difíciles de precisar–, ignorancia, incompetencia y codicia (de poder o de dinero).
Por otro lado, sin embargo –al salir a la luz este acuerdo–, hemos comprobado que gente de la calle, plataformas ciudadanas, otros técnicos y profesionales, académicos e instituciones de prestigio de la ciudad han desplegado una gran energía, y han expuesto en contra de esta «operación» urbanística un conjunto de argumentaciones numeroso, variado y sensato (de sentido común). Éstos últimos han sido guiados por la voluntad y la ingenuidad de quienes creen que las cosas pueden ser de otra manera; se han movido por pertenecer en común a una ciudad.

El equipo de investigación que firma este artículo ha reunido y ordenado en un informe aquellas justificaciones y argumentos de la ciudadanía malagueña que reclama que se tengan en cuenta sus «opiniones» en los hechos urbanos –las doxai de los griegos–, en la mejor tradición de la democracia inventada hace 25 siglos por las ciudades griegas. Las justificaciones contra la «operación» se han organizado en once apartados o dimensiones, desde las más generales o relevantes a las más específicas (que no por ello son menos importantes).

En este sentido, el fin de la construcción del rascacielos y la gestión para conseguirlo, en el primer apartado, destaca por el incumplimiento de la Constitución Española, del Estatuto de Autonomía, e incluso, del espíritu de la Ley de Suelo.

El segundo y el tercer apartados exponen el grave debilitamiento del «derecho a la ciudad» y de las instituciones públicas, frente a una actuación privada en un suelo de titularidad pública, y la elusión de los principios básicos de participación ciudadana en la toma de decisiones. El cuarto y el quinto apartados muestran la conversión de la urbanística y del derecho administrativo en herramientas para transformar «a la carta», según del gusto de los poderosos, las normas y las leyes. A estos se adapta el Plan Especial del Puerto.

El sexto apartado dedicado a la dimensión económica desmonta la principal argumentación de quienes defienden esta gran operación; pues denuncia el protagonismo del capital financiero privado –que luego huye de las ciudades–, y perjudica a los agentes económicos locales (al dejarles las numerosas externalidades del negocio, si no su ruina: p. e. El Algarrobico, Almería). Asimismo, esta dimensión muestra que el modelo turístico y hotelero está obsoleto –produce empleos precarios, temporales y estacionales–, y oculta el carácter especulativo del negocio para apropiarse de las rentas de posición del espacio público; o en todo caso, la captura de sus plusvalías dando «el pase» de la «concesión» obtenida a otro grupo empresarial, al transformar el plan 6.000m2 en 45.000m2 de edificabilidad (como se ha pretendido hacer en el puerto de Marbella).

El apartado séptimo destaca la creación de un ámbito social y espacial segregado de la ciudad. Lo que provocará el aumento de las polaridades sociales; además de la pérdida de la identidad social, con la alteración del frente portuario de la ciudad de Málaga. El siguiente apartado, que es el octavo, profundiza en la gravedad de la alteración del paisaje de la Bahía y del Centro Histórico de Málaga, con el incumplimiento del Convenio Europeo del Paisaje (2008), que define todo el territorio europeo como paisaje y cultura, por lo que se debe atender a la participación del conjunto de la ciudadanía en su cuidado, mantenimiento y, en todo caso, en su transformación (su impacto es muy grande, y entre otras cosas se inutiliza la Farola). Hay un claro rechazo a la imposición autoritaria del rascacielos como hito, marca y símbolo de Málaga (Academia de San Telmo, Academia Malagueña de las Ciencias y plataforma ciudadana DNH).

El apartado noveno se refiere a la arquitectura. Además de ser de tipo «genérico» –supuestamente válida para cualquier lugar–, y medioambientalmente insostenible, por los sistemas constructivos y materiales que debe emplear, presenta problemas técnicos y económicos sin resolver, como son el de la profundidad de su cimentación (56m por debajo del nivel de mar), o la cercanía con la dársena de levante, de las edificaciones del Club Mediterráneo y de la Estación Marítima. Ello implica riesgos de por sí, que aumentan, más si cabe, los riesgos medioambientales asociados al frente marítimo.

El décimo apartado se centra en las justificaciones inverosímiles y/o falaces que aparecen en la memoria del Plan Especial. Por una parte, cuando interesa, en ella se argumenta que es una gran «operación singular», y un futuro «referente arquitectónico de la ciudad», y que es necesario «replantear las condiciones urbanísticas»; pero cuando no interesa, se minimiza y se dice que es una operación menor que no requiere un estudio de impacto ambiental en toda regla. A ello se debe añadir la manipulación de las infografías del rascacielos que no cuentan la verdad de sus efectos en la ciudad. Este último apartado nos lleva al undécimo de cierre. En él se denuncia la inadecuada calidad técnica y profesional de la documentación utilizada para la tramitación del Plan Especial. Por ello, en este sentido, se abre la posibilidad de la exigencia de responsabilidades deontológica, civil y penal –según los casos–, a los técnicos y profesionales que firman los diferentes documentos que justifican el Proyecto, la Resolución Ambiental, la Modificación del Plan Especial y los informes de contestación de las Alegaciones, por las graves consecuencias que sus firmas puedan acarrear a la ciudad de Málaga, a su ciudadanía y al erario público.

Estas argumentaciones son una muestra de la vitalidad desplegada por la ciudadanía de Málaga –ciudad a veces tan odiada como deseada–, para defender el derecho a decidir sobre ella. Al mismo tiempo, esta grandeza deja a la vista las miserias de quienes ignorantes, incompetentes o codiciosos quieren asestar un mazazo de indignidad a la ciudad común. Porque su marca indeleble, visible desde decenas de kilómetros a la redonda, se proyectaría en uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad. Sin embargo, intentando defender la ciudad de la mediocridad hemos descubierto en el camino una ciudad genuinamente más Málaga.

Reconocimientos a: Ángel Sánchez Blanco (UMA); ICOMOS (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios); Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga; Carlos Hernández Pezzi; Rafael Esteve Secall (UMA); Matías Mérida (UMA); María José Perles (UMA); Miguel Ángel Medina (UMA); Academia de San Telmo; Academia Malagueña de las Ciencias; y a la plataforma ciudadana Defendamos Nuestro Horizonte, entre otros muchos que no se citan por falta de espacio

*José María Romero Dr Arquitecto, Universidad de Granada; Enrique Navarro, Dr en Geografía, Universidad de Málaga; Yolanda Romero, Dra en Turismo, Universidad Complutense de Madrid; Sabina Habegger, Dra en Pedagogía; Eduardo Serrano, Dr Arquitecto; Rubén Mora, Arquitecto, Mtr Urbanismo; Fernando Ramos, Arquitecto; y Marcos Castro, Dr en Economía, Universidad de Málaga; equipo de investigación adscrito al proyecto I+D titulado «Crisis y reestructuración de los espacios turísticos del litoral español» (CSO2015-64468-P) del Ministerio de Economía y Competitividad.

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