Como señalaba en el artículo anterior, el gobierno ha decidido los territorios que van a comenzar la desescalada, y hemos comprobado que no se ha satisfecho las pretensiones requeridas por algunas Comunidades Autónomas. Según la actualización 103 sobre el covid 19, que emite el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias de 10 de mayo, podría parecer que Andalucía en su conjunto ofrece mejores valores sobre el contagio que otras Comunidades en las que todas sus provincias pasan de fase, aunque cierto es que desconozco el peso específico de los valores del modelo estadístico o el algoritmo utilizado, si es que estos existen. Lo cierto es que 2,6 millones de habitantes de las provincias de Málaga y Granada deben seguir en la fase cero, retrasando el inicio pausado a la actividad económica así como el ansiado reencuentro social escalonado que la fase 1 posibilita.

Ante esta decisión gubernamental, debemos reflexionar sobre el hecho de que a este virus aún no se le vence, y habrá que esperar a contar con una vacuna que inmunice a la humanidad, o una medicación o protocolos sanitarios que venzan al virus, por ello, la única solución ante su espectacular contagio es protegerse en el "refugio antivirus" del distanciamiento físico, la precaución y la higiene. Pero cierto es, que el miedo al contagio está consiguiendo que parte de nuestra sociedad prefiera perder libertad y aceptar ordenes, de manera similar a lo descrito por Orwell en su obra 1984, de la que destaco su frase; "Comprendo cómo, no comprendo por qué". Nuestra sociedad está cambiando.

Pasando a la cuestión sanitaria, recordar que su gasto se compone de dos variables, el denominado público y el privado. Para el seguimiento de las dos variables, una buena fuente de información es el Sistema de Cuentas de Salud que utiliza la Estadística de Gasto Sanitario Público y el Gasto en Consumo final en sanidad de los hogares que proporciona el Instituto Nacional de Estadística. Desde una óptica positiva señalaríamos que somos el noveno país del mundo en gasto sanitario, y que contamos con un sistema sanitario "público" lo suficientemente potente como para garantizar una cierta universalidad en sus prestaciones, cosa que otros países no ofrecen, y que en 2019, el Indicador de Eficacia de Sistemas de Salud, elaborado por la Fundación Mapfre, situaba a España en el noveno puesto en eficacia sanitaria, por delante de Francia, Holanda, Reino Unido o Estados Unidos.

Los "gastos públicos en sanidad" representan el 70,66% del total, según los datos contenidos en el Sistema de Cuentas de Salud para datos del 2017 publicado en 2019. Podríamos decir que su cuantía depende de la decisión de los gobiernos competentes, dentro de un marco de recursos limitados y del escenario económico existente, entre otras circunstancias. Por ello, intentaré explicar las decisiones políticas que sobre el gasto público hubo en España a raíz de la crisis del 2008, para después descender a los esfuerzos presupuestarios que en sanidad han ido adoptando las Comunidades Autónomas desde la citada crisis.

En primer lugar, sobre las decisiones a nivel estatal, señalar que crisis de 2008 se presenta en España gobernando Zapatero, quien adoptó en un primer momento políticas expansivas del gasto público, pasándolo de los 422 mil millones de euros en 2007, a 460 mil millones en 2008, y 494 mil millones en 2009. Pero en 2010 todo cambió al comprobar que no conseguía estabilizar el presupuesto nacional, 2007 lo había cerrado con un superávit de en torno a 20 mil millones de euros, mientras 2008 y 2009 los cerraba con déficits de unos 51 mil millones y 120 mil millones respectivamente. Por ello, en mayo de 2010 anunció la reducción de las inversiones públicas, la congelación de las pensiones, la bajada de sueldos de empleados públicos, la supresión de determinadas prestaciones, recortes en la ayuda oficial al desarrollo, así como otras medidas. A pesar de esto, ese año 2010 y 2011 gastaba 494 mil y 491 mil millones respectivamente, pero cerrando con unos déficits de 102 mil y 104 mil millones de euros respetivamente. Acumulaba en 4 años 377 mil millones de déficits, una media de 94,25 mil millones al año. Seguidamente Rajoy continuó con la misma política en el intento de reducir los déficits y la intervención de la Unión Europea, subiendo el gasto público hasta los 502 mil millones en 2012 y tras un descenso en 2013 debido al recorte en inversiones, se gasta 468 mil millones, cantidad superior a la de 2008, comienza una escalada en el gasto público que llegó a sobrepasar los 500 mil millones en 2018. Pero esta carrera en el gasto entre 2012 al 2018 se hace a costa de unos déficits acumulados de 412 mil millones, unos 59 mil millones al año. España aumentaba considerablemente el gasto público desde el 2008 pero a costa de un fuerte endeudamiento mientras entraba en un complejo escenario político que parece dificultar su gobernabilidad. Otros países de la Unión, que fueron rescatados en 2010 por esta, reducían su gasto público. Entre 2010 y 2018 Grecia pasaba de 118 mil millones de euros a 87 mil millones, Portugal de 93 a 88 mil millones de euros, e Irlanda de 109 a 82 mil millones de euros.

Como hemos podido observar, el gasto público español ha seguido una senda expansiva superior al ingreso público necesario para financiarlo, provocando con ello un importante endeudamiento público desde 2008. En el próximo capítulo descenderé al escenario autonómico para comprobar los comportamientos políticos ante el «gasto público sanitario» desde el 2008, conociendo, que según las Estadísticas de Gasto Sanitario Público 2018 confeccionadas en 2020 por el Ministerio de Sanidad, reflejan un aumento de este del 16,46% desde el 2014. Pero no todo siempre fue así como veremos.