El papel de lo público en la reactivación económica post pandemia

La economía malagueña tiene la virtud de reactivarse con fluidez tras una crisis, siempre que el turismo esté en su agenda, pero a la vez es muy vulnerable ante posibles procesos disruptivos, bien en los movimientos financieros, relaciones internacionales o en estos momentos derivados de una pandemia global.

Ante tanta fragilidad, las empresas son cortoplacistas, buscan el mayor beneficio en el menor tiempo, con escaso interés por la inversión, esta fragilidad se traslada a las relaciones laborales, y la calidad del empleo, que se resienten enormemente: exceso de temporalidad en la contratación, de parcialidad, mercantilización del trabajo utilizando a autónomos, incluso la economía sumergida, son realidades que esconden una fragilidad provincial en determinados sectores económicos.

Pero si algo bueno ha traído esta pandemia es que la globalización de la misma ha puesto sobre la mesa la necesidad de soluciones globales con un presupuesto histórico para llevar a cabo la transición ecológica, la transformación digital, la cohesión territorial y social, y la igualdad de género. Aunque los proyectos presentados en nuestra provincia se olviden mayoritariamente de esto último.

La anterior crisis financiera del 2008 dejó a más de 130.000 personas malagueñas al margen de la recuperación económica del 2014-2019, y es a este colectivo a quien por segunda vez golpea de nuevo otra crisis, situándolos en peores condiciones de empleabilidad: hablamos de jóvenes menores de 30 años quienes han soportado el pasado año 2020 la mayor caída del empleo en un 40%, y mayoritariamente mujeres. No nos podemos acostumbrar a que tengan una tasa de parcialidad mayor que la media provincial, una tasa de temporalidad a todas luces discriminatoria y una tasa de paro disparada. Estamos ante un problema de orden económico y social en términos de presente como de futuro.

Las mujeres en el empleo provincial tienen una primera dificultad que es la menor tasa de actividad, diez puntos por debajo de la masculina. La discriminación principal reside en su alta tasa de parcialidad, de tal forma que tres de cada cuatro empleos a jornada parcial lo ocupan mujeres, el 75% de las contrataciones parciales. Por otra parte, tienen mayor nivel educativo que los hombres, y sin embargo y a la vez, tienen mayor proporción en los empleos de baja cualificación, y peor salario medio. Y si falta algo, sufren una mayor tasa de paro.

Pero la destrucción de empleo derivada de la pandemia, no ha afectado por igual a todas las ocupaciones, el empleo ha aumentado en el grupo de directivos y técnicos, y en las que se requiere niveles superiores de formación, pero la destrucción de empleo se ha centrado en los niveles inferiores de formación.

La falta de políticas en materia de formación de los gobiernos estatal y autonómicos en la última década, ha dejado en Andalucía más de 1.800 millones de euros sin gastar, la suma sigue aumentando, pues para este año el actual gobierno andaluz apenas destina 50 millones de euros para toda la región, cuando Málaga aporta más de 90 millones.

La reducción de las desigualdades de género, sociales y territoriales en nuestra provincia se consigue con un incremento considerable de la oferta formativa que no puede dejarse en manos privadas por el actual gobierno andaluz, pues la alta tasa de desempleo junto a las precarias rentas salariales que se abonan en nuestra provincia hacen imposible poder pagar las enseñanzas que se ofertan en los centros privados.

Con datos del 2019 los menores de 30 años ingresan de media 643 euros al mes, si añadimos las personas menores de 40 años, sus ingresos medios sólo alcanzan 906,6 euros al mes. Estos ingresos empeoran aún más si diferenciamos a mujeres de hombres en esos tramos de edad.

Por ello, la Unión Europea plantea de manera clara que el plan de recuperación, transformación y resiliencia que los países presenten deben contemplar proyectos que avancen en la reducción de las desigualdades de género, sociales y territoriales.

Para cumplir con estos objetivos, los gobiernos deben contar con una herramienta fundamental: el refuerzo de los servicios públicos en todas las administraciones,pues atender a una población necesitada es un deber político y un derecho ciudadano, que pocos proyectos en nuestra provincia han contemplado. Hoy no podemos pensar en Málaga sólo como atractivo, sino que debe pensarse para quienes nacen aquí, quieren trabajar aquí y quieren vivir aquí, y eso no puede ser cada vez más difícil.