La universidad en el laberinto

El alto nivel de exigencia que se requiere a las universidades públicas mediante el cumplimiento y evaluación de sus protocolos de calidad, y los reiterados procesos de acreditación institucional que deben pasar los centros y unidades de estas universidades; así como, la acreditación nacional y posterior concurso a las distintas figuras del profesorado de las universidades públicas, hacen que nuestros centros y nuestros profesores posean un alto nivel de cualificación profesional tanto en el plano de la docencia como de la investigación. Y que el rendimiento académico y científico sea muy elevado, al igual que lo es la transferencia a la sociedad. Sin embargo, la fecundidad de nuestros investigadores y equipos de investigación no se ven recompensados ni por la administración estatal ni por la autonómica, pese a las declaraciones grandilocuentes de nuestros políticos complacientes con las inversiones en esta materia. El interés político hacia las universidades públicas no se demuestra en declaraciones generalistas y, en muchas ocasiones, vacías de contenido, sino en la adopción de medidas de protección del sistema y en la dotación de modelos de financiación sostenibles y consensuados con los responsables de las universidades, que son quienes conocen con detalle sus necesidades.

Hay muchas razones para pensar que la política de la Junta de Andalucía en materia universitaria se parece mucho a la que se está llevando a cabo con la sanidad pública. Como parece evidente, la derecha en el poder autonómico no se resiste a la privatización paulatina de las actividades básicas de la sociedad como son la enseñanza y la salud. La aprobación de nuevas universidades privadas, a las que se opusieron los rectores de nueve de las diez universidades públicas de Andalucía, es un claro síntoma del interés, nunca expresado con claridad, de la Junta de Andalucía por transformar el sistema universitario andaluz. Los sindicatos del sector también han alertado sobre la presunta maniobra de la Junta de Andalucía de invertir el número de universidades en beneficio de las privadas en su proyecto de reconversión del sistema universitario, desoyendo las críticas y los argumentos que no sean los suyos. Olvidan nuestros gobernantes territoriales que ellos representan a la Administración Pública en la comunidad autónoma de Andalucía, que sus cargos son públicos y que, primero, sus proyectos han de ser públicos para luego dar respuesta adecuada a los que pueden ser legítimos intereses del sector privado. Pero nunca al revés. Hacer uso de la administración pública para debilitar el sistema público universitario es cuando menos irresponsable. Con seguridad, correrán ríos de tinta sin que nuestras autoridades se hagan eco de los argumentos de quienes apostamos por el fortalecimiento del sistema público universitario como primera medida para emprender su transformación, mientras comienzan a proliferar universidades privadas a cualquier precio. Pero no deben olvidar nuestros gobernantes que la solución a largo plazo de esta cuestión, que no es baladí, ha de encontrarse en el entendimiento y en la negociación. Y nunca en la imposición. Afortunadamente, en pura ley democrática, nuestros actuales gobernantes dejarán de serlo más temprano que tarde, y otros vendrán que practiquen una nueva política. Y, por tanto, si esto ha de ser así, ¿a qué esperar? ¿no es mejor hacer ya una política de planificación universitaria que se haga con el concurso de todas las partes, y que tenga en cuenta verdaderamente las necesidades y los intereses de Andalucía? Pero, claro, ésta no es la lógica a la que nos tienen acostumbrados nuestros políticos.

La universidad andaluza se haya en el laberinto en el que la ha situado la Junta de Andalucía en su propósito evidente de reconvertir a la versión madrileña el sistema universitario andaluz. Y sorprende que la Junta de Andalucía, conocedora de su contribución al desarrollo y a la vertebración del territorio, penalice a las universidades públicas con la merma de sus presupuestos, y con un reciente modelo de financiación cuya viabilidad está aún pendiente de demostrar, o poniendo trabas a su expansión; apoyando, por el contrario, de manera determinante la creación de universidades privadas que en lo esencial -excepto en el número- poco van a aportar cualitativamente al panorama universitario. La llegada de las universidades privadas podría ser una buena noticia si ello no conllevara el empobrecimiento de las universidades públicas; y si lo hicieran en igualdad de oportunidades cumpliendo de manera estricta los mismos requisitos que se exigen al sistema público, sometido a una fuerte presión evaluadora. Sólo las universidades privadas que cumplan con ellos y que vengan a mejorar el sistema universitario, porque posean ya tradición universitaria y porque ya hayan demostrado su calidad en la docencia y en la investigación, serían bien acogidas por todos. Eso sí, siempre que no sea a costa de las universidades públicas.