Si empujan por ahí, a disolver

El independentismo catalán intentó en 2017 una ilegal ruptura del Estado mediante una mendaz combinación de ficciones de legalidad, fortísima presión callejera, intentos de manipular las fuerzas autonómicas de seguridad y uso oscuro y masivo de las redes, conocida como el procés. En el fracaso de la intentona, en el concienzudo análisis de todas sus piezas, y, desde luego, en el castigo a sus actores, los tribunales de justicia, sirviendo a la Ley y al Estado, tuvieron un papel central, destacando por rigor y profesionalidad la actuación de magistrados del Tribunal Supremo como Pablo Llarena y Manuel Marchena. Cabe discutir si aquellas acciones ilegales deben ser amnistiadas, en bien de la concordia. Pero llamar lawfare al cumplimiento de la ley por quienes tienen el deber de hacerla cumplir nos dejaría sin ley, sin sentido del deber, sin Estado y sin los mínimos vitales de la dignidad.

Suscríbete para seguir leyendo