Estudio de Save the Children

Los delitos sexuales contra niños en la red empiezan a los 13 años y el 42% de las víctimas son varones

El 84% de las víctimas de violencia sexual a través de internet son niños, niñas o adolescentes, lo que suma un total de 954 denuncias en 2022

Manifestación contra los abusos sexuales en Badalona.

Manifestación contra los abusos sexuales en Badalona. / Laura Guerrero

Patricia Martín

Los niños son el colectivo más vulnerable a los delitos sexuales a través de internet. De todas las denuncias que se presentaron por violencia sexual en la red en 2022, en el 84% de los casos la víctima era un niño, niña o adolescente, lo que suma un total de 954 denuncias, según se recoge en un nuevo estudio elaborado por Save the Children y destinado a arrojar luz sobre el fenómeno del grooming. Esta palabra hace referencia a una práctica que consiste en que un adulto se hace pasar por un menor a través de medios electrónicos e intenta establecer una relación de confianza con un niño, con el fin de hacerle chantaje con fines sexuales.

El 84% de las víctimas de violencia sexual a través de internet son niños, niñas o adolescentes, lo que suma un total de 954 denuncias en 2022

La investigación supone dar continuidad al análisis de cerca de 400 sentencias judiciales por abusos sexuales en la infancia, que la plataforma publicó recientemente bajo el título 'Por una justicia a la altura de la infancia'. Un total de 33 de los fallos judiciales son sobre casos de grooming y su examen pone de manifiesto que existen algunas diferencias entre los abusos sexuales físicos y a través de internet.

Perfil de víctimas y agresores

En el ámbito online, el 57,4% de las víctimas son niñas y el 42,6% niños. Sin embargo, en la violencia sexual física sobre menores, ocho de cada diez víctimas son mujeres, por lo que porcentualmente hay más varones abusados a través de internet que de forma física. Además, la media de edad es más alta. En el abuso físico es de 11 años mientras que en internet se sitúa a los 13 años de media, sin diferencia entre chicas y chicos. Además, el 11,5% de las víctimas son personas con discapacidad y en el 59% de los casos hay más de una víctima.

Respecto al perfil del agresor, destaca que en un 47,5% de los casos resultó ser desconocido y en el 95% no tiene antecedentes de ningún tipo.

El nuevo análisis pone de manifiesto, según Catalina Perazzo, directora de incidencia social y política de Save the Children, que "los niños y niñas son un colectivo especialmente vulnerable frente a la violencia a través de internet. En el caso del grooming, el abusador se va ganando poco a poco su confianza para involucrarlos en una actividad sexual, que puede ser desde hablar de sexo y obtener fotos o videos hasta mantener un encuentro sexual”.

El proceso judicial

La investigación revela, además, que los procesos judiciales se alargan mucho: el 67% duraron entre dos y tres años de media. Pese a ello, en el 96,7% de los casos la sentencia fue condenatoria. Además, en las sentencias sobre delitos online destaca la gran cantidad de conformidades. El acusado presentó conformidad con los hechos en un 57,4% de los casos, frente a los procesos por abuso sexual físico, que esta circunstancia se dio en un 44% del total. En este contexto, la pena impuesta en el 72% de las sentencias fue de más de cinco años de prisión.

Para mejorar el proceso judicial, la oenegé solicita al nuevo Gobierno que desarrolle la pionera ley integral de la infancia frente a la violencia (conocida como 'ley Rhodes'), de forma que se implanten juzgados especializados en atención a las víctimas menores de edad; se cree una fiscalía específica, que participe en todos los procesos de violencia sobre un niño o una niña; se imparta formación inicial y constante a todos los operadores jurídicos y se dote de asistencia jurídica y acompañamiento a las víctimas desde el inicio hasta el final del proceso.

Save the Chlidren apuesta también por implantar en todas las comunidades el modelo nórdico Barnahus (casa de niños en islandés), que consiste en que todas las instituciones que intervienen en un caso de violencia sexual infantil trabajan y se coordinan bajo el mismo techo. El modelo se implantó en Catalunya en 2020 y otras siete autonomías están siguiendo el mismo camino.