El Consejo Constitucional anula las medidas más duras de la ley migratoria de Macron

Amplia censura de la dura legislación migratoria en Francia. El Consejo Constitucional ha anunciado este jueves su decisión sobre la controvertida ley Darmanin (apellido del ministro del Interior). La conclusión resulta cristalina: el 40% de los artículos han sido declarados inconstitucionales. El equivalente francés del Tribunal Constitucional ha invalidado cerca de la mitad del texto, aprobado a finales de diciembre tras una folletinesca negociación entre los partidos afines al presidente, Emmanuel Macron, y Los Republicanos (LR, afines al PP). 

El Constitucional ha censurado hasta 35 artículos de los 86 que componen la ley Darmanin. Eso conlleva que se caen aquellos más duros. Por ejemplo, el delito de estancia irregular, unas normas mucho más estrictas para los extranjeros para pedir ayudas sociales, la retirada de la nacionalidad a los binacionales que maten a un policía o la imposición de una especie de fianza para los estudiantes de fuera de la Unión Europea. Su incorporación en la legislación había representado una victoria ideológica para la ultraderecha. Los votos del partido de Marine Le Pen resultaron claves para la aprobación de una ley, que también recibió el respaldo de los diputados macronistas y de la derecha republicana.

Una censura por motivos de procedimiento

La corte había recibido recursos de inconstitucionalidad por parte de diputados de izquierdas. Macron y la presidencia de la Asamblea Nacional también le habían pedido que examinara el texto. De la cincuentena de artículos analizados, el Constitucional solo ha considerado completamente válidos 10 de ellos. La gran mayoría de las invalidaciones se deben a motivos de procedimiento. En concreto, al hecho de que la ley incorporó numerosas medidas sobre aspectos —por ejemplo, la concesión o retirada de la nacionalidad francesa o las ayudas sociales— que no se aparecían en el proyecto de ley inicial. Según han explicado fuentes del Constitucional, "no puede ser que se utilice una ley sobre coles para legislar sobre todas las frutas y las legumbres". 

Presentada en febrero del año pasado en el Consejo de Ministros, la aprobación de la ley Darmanin supuso todo un dolor de muelas para el Gobierno de Macron. Debido a la crisis social y política por la impopular reforma de las pensiones, decidió aplazar su tramitación parlamentaria hasta finales de año. Primero, fue debatida en el Senado, de donde salió una versión aún más dura debido a la mayoría de LR en la Cámara alta. Después de que la Asamblea Nacional votara a principios de diciembre una moción de rechazo del texto, su contenido final se negoció en una comisión compuesta por diputados y senadores. Entonces, la derecha y la ultraderecha lograron incorporar numerosas medidas.

Todas aquellas que afectaban a la concesión o retirada de la nacionalidad, las condiciones más duras para pedir ayudas sociales o el establecimiento de cuotas de migrantes han sido declaradas inconstitucionales. Esta decisión no se debe a motivos de fondos, sino "a la coherencia del debate parlamentario". Si las mismas medidas fueran incorporadas en un proyecto de ley más coherente, quizás podrían declararlas constitucionales, han precisado fuentes del Consejo.

Reforma constitucional

"El Constitucional ha validado la integralidad del texto inicial del Gobierno", ha destacado el ministro del Interior, Gérald Darmanin, quien ha preferido ver el vaso medio lleno tras la decisión, poco habitual por la dimensión de la censura. En realidad, el texto que sale de esta decisión resulta distinto al proyecto de ley inicial. Ese estaba compuesto por 27 artículos y el texto actual contiene unos 50. Aunque la sentencia del Constitucional invalida las medidas más xenófobas, el secretario general del Partido Socialista, Olivier Faure, ha asegurado que "el Gobierno llevará como una mancha imborrable el hecho de que pidiera votar" una ley tras "haberse alineado con las posiciones históricas de la ultraderecha".

Mucho más descontentos se han mostrado después de la decisión los representantes de LR y la Reagrupación Nacional (extrema derecha). "El Constitucional ha censurado las medidas de firmeza más respaldadas por los franceses", ha denunciado en la red social X Jordan Bardella, número dos de la ultraderecha lepenista. "Una reforma constitucional resulta más indispensable que nunca", ha defendido, por su lado, el presidente de LR, Éric Ciotti.

Tras la convulsa votación de la ley el 19 de diciembre cerca de medianoche, el Gobierno de Macron reconoció que podía incluir varias medidas anticonstitucionales. Fue, sin duda, una posición extraña e inhabitual de un Ejecutivo que asume haber pedido el voto para una legislación que no se corresponde con la Carta Magna. Una vez el Constitucional ha restablecido la lógica del derecho, corre el riesgo de que las miradas y la rabia de la ultraderecha se centren en esta institución.