Irregularidades
Un neurocirujano de Murcia se enfrenta a la inhabilitación por colar pacientes de la privada a la pública
El especialista de la Arrixaca ha recurrido la resolución firmada por el director gerente del hospital de El Palmar, que pide inhabilitarle ocho años
A. G. M.
Un neurocirujano del Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia habría estado colando a pacientes de la privada para ser operados en el centro sanitario público de El Palmar por delante de los usuarios que aguardan en lista de espera, una actuación que le puede costar la inhabilitación, según consta en la resolución firmada por el director gerente de la Arrixaca, Ángel Baeza, tras la investigación llevada a cabo por la Inspección Médica.
Este profesional se expone a una sanción de inhabilitación de ocho años por estas irregularidades, cometidas, presuntamente, entre los años 2018 y 2019 y que habían sigo denunciadas por otros compañeros del mismo servicio.
A esto se suma que el neurocirujano de la Arrixaca no contaba con la autorización de compatibilidad para poder ejercer en la Sanidad pública y en la privada al mismo tiempo.
En este caso, los tres neurocirujanos que alertaron de la situación lo denunciaron ante la gerencia de la Arrixaca. No obstante, la resolución del gerente que propone ocho años de inhabilitación está pendiente de un recurso de alzada que, en caso de ser rechazado, dejaría la opción al denunciado de ir a la vía contencioso administrativa.
El director gerente de la Arrixaca explica que el asunto está sometido a confidencialidad, por lo que no puede concretar cuántos pacientes de la privadas fueron derivados de forma irregular para ser operados en el hospital público saltándose la lista de espera.
Baeza señala que cuando tuvo conocimiento de estos hechos los trasladó a la Inspección Médica, que se ha encargado de hacer la investigación y ha incoado expediente disciplinario.
El gerente de la Arrixaca recuerda que este especialista tampoco solicitó la compatibilidad necesaria para ejercer en la Sanidad privada al mismo tiempo que en la pública, tal y como exige la Ley 5/2001.
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