Lucha antidroga
La Audiencia Nacional ordena la libertad de Sito Miñanco por una causa de narcotráfico, aunque seguirá en prisión
La decisión afecta a la investigación sobre la introducción en España de casi cuatro toneladas de cocaína y la creación de un entramado para blanquear el dinero obtenido con la droga
EFE
La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha ordenado la libertad provisional del José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco, por la causa en la que fue procesado por dos operaciones de narcotráfico de 2017, si bien seguirá en la cárcel cumpliendo condena.
La decisión de la jueza afecta al procedimiento que investiga la introducción en España de casi cuatro toneladas de cocaína y la creación de un entramado para blanquear el dinero obtenido con la droga.
A petición de la Fiscalía Antidroga, la magistrada ha acordado la libertad de Miñanco y de Luis Enrique García Arango, Francisco Valle Parraga, Juan Antonio Fernández Fernández, Manuel Gonzalez Rubio y Raymond Van Rij ante el próximo vencimiento del plazo máximo de cuatro años de prisión preventiva establecido en la ley, que se cumple el 31 de enero.
Sito Miñanco fue condenado por sentencia firme de febrero de 2006 a 16 años y 10 meses de cárcel por tráfico de drogas y organización criminal, y a 3 años y 9 meses por blanqueo de capitales que le impuso el Tribunal Supremo en abril de 2021.
En la primera de las sentencias, además de Miñanco fueron condenados otros dos investigados en esta causa para los que también se acuerda la libertad, García Arango y Fernández Fernández.
Para aquellos investigados que no tengan que cumplir penas de prisión por otras causas, la jueza les impone la obligación de comparecer semanalmente ante el juzgado, la prohibición de salir del territorio nacional sin autorización judicial, la retirada del pasaporte, así como la obligación de comunicar al juzgado cualquier cambio de domicilio.
Este procedimiento se encontraba ya concluido y elevado a la Sala de lo Penal para su enjuiciamiento, pero fue devuelto al juzgado de instrucción tras la extradición a España del último de los investigados, José Luis Correa, que no estaba a disposición de la justicia española, con el fin de que fuera incluido en la causa.
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