Montados en furgonetas, en grupos, eran trasladados hasta la frontera donde les expulsaban del país para retornar a Marruecos. Todos ellos menores no acompañados que se encontraban en centros de acogida. Habían llegado semanas antes de manera irregular. Alentados por el Gobierno de su país entraron en Ceuta de manera masiva. El Gobierno decidía expulsarlos y ellos se escondían de la policía para evitarlo. Devoluciones que denunciaban las ONG por considerar que no se cumplía con las leyes. El Ejecutivo y el encargado, el ministro del Interior, lo defendía. Ahora el Tribunal Supremo ratifica que esas devoluciones fueron ilegales: no se cumplió ni con la ley de extranjería ni con el convenio europeo de derechos humanos. Esa decisión, dice el Alto Tribunal, era una expulsión colectiva, prohibida expresamente y por lo que se les puso en peligro. Corrige al Gobierno y le recuerda que tenían que haber estudiado caso por caso para garantizar los derechos de los menores.
