La Junta de Andalucía anunció ayer que el decreto para la regularización de las viviendas edificadas en suelo no urbanizable será aprobado en «noviembre o diciembre». Así lo dijo ayer la consejera de Obras Públicas y Vivienda, Josefina Cruz, quien explicó que será un documento que dará solución definitivamente a más de 11.000 viviendas existentes en la Axarquía, sobre un total de 12.760 que figuran como identificadas en la comarca malagueña más oriental.

Cruz señaló que ha finalizado su fase de información pública, iniciada el pasado julio, por lo que apenas restan «una serie de trámites técnicos, así como la supervisión por parte del gabinete jurídico del Gobierno andaluz», y la posterior «exposición» al Consejo Consultivo de Andalucía. «Con seguridad este trimestre» sera validado, mediante aprobación, el esperado decreto, manifestó.

Sólo otra zona de Andalucía, la correspondiente a la provincia de Almería, se acerca a la Axarquía en número de casas irregulares, con 12.697. Ya reseñó la propia Junta que la Costa del Sol más oriental no era ni mucho menos ejemplo de desarrollo sostenible. La prueba de esos análisis está en la cifra de 22 municipios afectados por la proliferación de viviendas irregulares y la apertura de procedimientos judiciales contra alcaldes de muchas localidades del interior, en su mayoría del PSOE.

Uno de los más significativos se saldaba el pasado 6 de octubre con el ingreso en prisión del exregidor socialista de La Viñuela Juan Millán. Cumplirá 27 meses de cárcel tras pactar con la Fiscalía esa condena, en cumplimiento a más de una docena de causas abiertas en el hallazgo de indicios que vinculaban su gestión a una reiterada prevaricación urbanística.

Deberes para los municipios

Hasta siete de cada diez municipios axárquicos se beneficiarán del nuevo decreto, al poder normalizar el estado de sus viviendas irregulares. Pero, además, sus ayuntamientos deberán trabajar duro durante el próximo año si quieren regular también otras 976 viviendas identificadas con una antigüedad inferior a cuatro años, por lo que el delito aún no ha prescrito.

La Junta de Andalucía solicita a sus correspondientes consistorios que procedan a identificarlas «caso por caso» y que soliciten de las mismas los informes oportunos para poder, finalmente, conceder la correspondiente licencia.

El recuento no acaba ahí. Hay otras 859 viviendas que se localizan en áreas tipificadas como suelo protegido, de modo que no se descarta una posible demolición, tras la entrada en vigor del decreto, al no poder regularizarse.

Josefina Cruz explicó ayer en su visita al municipio almeriense de Carboneras que el decreto regulador va a contemplar la nueva figura urbanística de inmueble «asimilado fuera de ordenación», que permitirá a sus propietarios tener acceso a «unos mínimos servicios», como son luz, agua o alcantarillado, pero «en régimen de autosuficiencia».

Aunque la comarca malagueña de la Axarquía es la que alberga más casas identificadas como irregulares, no será la mayor beneficiaria de este decreto. Si en la Costa del Sol van a regularse algo más de 11.000 en suelo no urbanizable, esa cifra se remontará a 11.777 en tierras almerienses. Todas podrán disponer después, al igual que en el caso de las axárquicas, «de servicios básicos, una vez que sean reconocidas» para dotarlas de ellos.

Colectivos y particulares que se beneficiarán del nuevo decreto desconfían de los plazos, que se anunciaron para marzo.