La Fiscalía de Málaga ha pedido la apertura de juicio oral y ha presentado escrito de acusación contra 14 personas, entre ellas cuatro agentes de la Guardia Civil y un policía nacional, a los que se acusa por su presunta colaboración con organizaciones supuestamente dedicadas al narcotráfico, en concreto de hachís. En total, para el conjunto de los procesados el ministerio público pide más de 80 años de prisión.

Así, la acusación se dirige contra dos agentes del instituto armado destinados en Almuñécar (Granada) y otros dos en Nerja (Málaga), achacándoles a todos un delito contra la salud pública, aunque a uno de los destinados en la provincia malagueña se le acusa de dos delitos de tráfico de drogas y otros dos de cohecho, solicitando para éste una pena de 22 años y medio de prisión e inhabilitación por 20 años.

Asimismo, el fiscal acusa a ocho personas por un delito contra la salud pública, ya que supuestamente actuaron como intermediarios entre los que tenían la droga y los agentes, o daban cobertura a las operaciones, o, al parecer, descargaban las sustancias. Además, se acusa a un policía nacional por un delito de descubrimiento, por facilitar información, y a una mujer por falsedad. La acusación pública considera, en sus conclusiones provisionales, a las que ha tenido acceso Europa Press, que ocho de los acusados, entre ellos los cuatro guardias civiles, formaban parte «de una organización dedicada a introducir en territorio nacional desde Marruecos importantes cantidades de la sustancia tóxica denominada hachís».

Dentro de dicho grupo, sostiene el fiscal, cada acusado tenía una misión. Así, los agentes, «bajo la dirección y coordinación» de uno de los destinados en Almuñécar, «a cambio de dinero, han favorecido la introducción en España de partidas de estupefacientes, prestando cobertura, realizando labores de vigilancia para poder detectar otras posibles dotaciones en los momentos de los alijos».

Asimismo, «participaban en los actos preparatorios y de ejecución» de una de las operaciones, relatadas en el escrito, que tuvo lugar, según las investigaciones realizadas por la propia Guardia Civil el 2 de octubre de 2009.