El colectivo Save Our Homes in Axarquía (Soha) aplaudió este miércoles que el Partido Popular haya respaldado la petición propia y de otras muchas asociaciones de distintos puntos del territorio español para que los compradores de buena fe que en su día adquirieron viviendas en situación irregular puedan, por ejemplo, ser indemnizados en caso de que sea ordenada la demolición de sus inmuebles. Se evitará así que tales familias «sean víctimas por partida doble», como expresó el presidente de Soha, Philip Smalley.

Soha recordó que ya obtuvo el apoyo mediante una enmienda en el propio Senado por parte del grupo socialista. Pero ahora se logra la culminación «de muchos años de trabajo y una intensa agenda de viajes a Madrid durante los últimos meses, con la implicación de asociaciones de otros lugares de Andalucía, como es el caso de Almería, e incluso de colectivos con sede en tierras cantábricas». Pero no sólo se felicitaron por este importante paso histórico los propios afectados, sino que el PP también dio a conocer el resultado del encuentro celebrado en Madrid.

En un comunicado público, el grupo de senadores del PP por Málaga también mostró su satisfacción «por la introducción y aprobación en el pleno del Senado de una enmienda transaccional, gracias a la que los propietarios de viviendas contra las que pese una orden judicial de demolición por construcción ilegal sean indemnizados antes de que se produzca el derribo de sus casas». En este sentido se remarcó que el acuerdo permitirá «compensar a los propietarios de viviendas irregulares, considerados de buena fe, que terminan siendo perjudicados por la falta de control de las administraciones competentes o por el cambio de normas urbanísticas que dejan esas construcciones en situación irregular».

En este sentido cabe recordar que en la comarca de la Axarquía permanecen por regularizar más de 15.000 viviendas construidas en suelo no urbanizable. El PP aseguró que con esta iniciativa «se ha cumplido con una justa y vieja reivindicación de las familias afectadas». La enmienda transaccional aprobada ayer se enmarca en la actual reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.