Tribunales

La Fiscalía investiga si Vélez incorporó agua no potable a las redes municipales

El grupo de Izquierda Unida denunció la medida que el anterior alcalde dictase el 9 de junio del pasado año

14.01.2016 | 23:45

El grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Vélez Málaga informó ayer de la apertura de diligencias «de investigación penal», por parte de la Fiscalía de Málaga, a raíz de la denuncia que dicha formación elevó ante la «incorporación a la red de suministro municipal de agua no potabilizada procedente de pozos y por las obras ejecutadas para ello». El portavoz de IU, Miguel Ángel, acusa directamente al anterior alcalde veleño, Francisco Delgado Bonilla (PP), de adjudicar trabajos «sin procedimiento de contratación que se ajuste a la ley».

Los hechos a los que se refiere se remontarían al pasado 9 de junio, ya celebrados los últimos comicios municipales, cuando el exregidor dictó una resolución «para incorporar a la red de suministro de la ciudad el agua de los pozos del Molino de las Monjas, que no está potabilizada».
No obstante, Delgado Bonilla replicó ayer que dicha circunstancia no es constitutiva de delito alguno: «Estoy convencido de que la Fiscalía archivará este procedimiento como otros que se han abierto contra mí sin fundamento. El agua de esos pozos tenían una alta concentración de nitritos. Pero con los informes técnicos oportunos y sin ningún reparo por parte de la comisión técnica correspondiente se vio oportuno mezclar ese agua con la procedente del embalse de La Viñuela».

Para Sánchez, sí que existen indicios suficientes para sospechar que se hayan podido cometer determinadas irregularidades en el proceso: «Esta actuación hará posible que la empresa concesionaria del servicio, Aqualia, tenga un sustancioso ahorro respecto al coste del agua, ya que dejará de consumir un 50% del agua que se potabiliza en la planta de El Trapiche, procedente de La Viñuela, y que gestiona Axaragua, responsable del agua en alta que llega desde el pantano».

Delgado Bonilla insiste en que la medida, en efecto, pretendía «paliar el déficit del servicio, que se elevaba a nueve millones de euros». En concreto, especifica el portavoz municipal del PP que al Consistorio esta iniciativa le supone ahorrarse cada año unos 300.000 euros. Asimismo, niega que los trabajos, presupuestados en 1.193.000 euros, se hubiesen proyectado sin procedimiento ajustado a la normativa actual, como ha denunciado el grupo de IU: «Todos los informes técnicos y económicos son favorables al proyecto y se puso en marcha de manera legal».

Para Izquierda Unida, ese proceso se limitó a la firma de un decreto de Alcaldía y «no existe un informe comparativo del agua procedente de estos pozos».

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