­Un informe realizado por la consultora de administraciones públicas Afi afirma que las cuentas municipales de 2012, 2013 y 2014 no corresponden con la realidad económica del Ayuntamiento de Torremolinos. El documento pone de manifiesto «la inviabilidad presupuestaria» de algunas empresas municipales durante dicho periodo. En concreto, a cierre de 2014 la liquidación anual no recogía «importantes volúmenes de endeudamiento que tenía el Ayuntamiento». Así, las liquidaciones presupuestarias «no muestran una imagen fiel de la actividad, y el estado de remanente de Tesorería no proporciona la verdadera situación de liquidez de la entidad».

Así, el remanente de tesorería, que en 2014 figura como positivo, en realidad «se situaría en un importe negativo de 113 millones de euros, sin incluir los intereses asociados a los acuerdos de fraccionamiento de las deudas de la Seguridad Social o el Ayuntamiento de Málaga», informó el Consistorio.

En la anterior etapa, los entes del Consistorio «muestran una total dependencia económica y financiera respecto a la administración municipal». Y los organismos autónomos «recibían fondos del Ayuntamiento sin la planificación y el control necesarios, de modo que en todos los ejercicios citados las aportaciones del Ayuntamiento han duplicado las cantidades recogidas en los presupuestos».

Por otro lado, según el estudio, la Cuenta General del Ayuntamiento de Torremolinos «no muestra una imagen fiel de la situación de la Hacienda municipal», por lo que una de las conclusiones «es que la gestión del Área de Hacienda se ha realizado de forma irregular en los ejercicios 2012, 2013, 2014, y actualmente es imposible conocer la verdadera situación económico financiera del Ayuntamiento a través de la Cuenta General».

Otro de los puntos que recoge es la necesidad de gestionar eficazmente las empresas municipales, «debido a la inviabilidad de sus cuentas» y recoge «una deficiente gestión en los cobros, recomendando una gestión integral de los mismos». Por último, resalta «el elevado plazo en el pago a proveedores, que en el segundo trimestre de 2015 se sitúa en una media de 82 días, frente a 37 días de los municipios de la Costa del Sol».