La Abogacía del Estado acaba de impugnar, mediante una demanda contencioso-administrativa contra el Ayuntamiento de Torremolinos, la subvención para empadronados en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que fue aprobada este año mediante una ordenanza. El equipo de gobierno socialista y el PP, al conocer esta circunstancia, no tardaron ayer en cruzarse acusaciones, acerca de sus posibles responsabilidades.
El PSOE arremetió contra el PP, que está al frente del Gobierno central, y lo acusó de «deslealtad con el municipio» y de «anteponer los intereses personales y de partido por encima del interés de las familias empadronadas que se benefician de la reducción en el IBI».
Según los máximos dirigentes locales, «la orden a la Abogacía del Estado para interponer la demanda contencioso administrativa fue dada por el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, miembro destacado del PP andaluz». Para el equipo de gobierno local, «resulta vergonzante que el delegado de gobierno dé instrucciones para recurrir las ayudas a los empadronados de Torremolinos, pero no actúe en otros casos similares», lamentó el concejal de Economía y Hacienda, Pedro Pérez.
En este sentido, también recordó que la subvención a los empadronados en el IBI fue implantada por el propio PP en el año 2003; y que la ha venido aplicando desde entonces para tratar de compensar las consecuencias que tuvo subir el tipo impositivo del referido impuesto, de 0,66 a 1,10, en el año 2004 -lo que supuso un incremento en el recibo del 66,6%-.
Posteriormente, se volvió a subir al 1,16 en el año 2006 -el máximo permitido legalmente-. Durante años, como relató el propio edil, Torremolinos fue de las pocas de España que aplicaba el tipo del 1,16. Ninguna otra de la provincia tenía tal índice.
El equipo de gobierno exigió al PP que explique las razones por las que durante más de 12 años se han aprobado «subvenciones a los empadronados, sin que les preocupe su supuesta ilegalidad». No obstante, «nada más ceder el relevo al frente del gobierno en Torremolinos, el delegado del Gobierno en Andalucía dio instrucciones para ir contra esas mismas ayudas».
Respuesta de Del Cid. El PP, a través de su portavoz municipal, Margarita del Cid, también pidió explicaciones al PSOE. Instó a esta formación a que aclare «si los empadronados podrán seguir beneficiándose de las subvenciones del IBI que el Partido Popular puso en marcha y sigue defendiendo». A continuación, requirió información sobre los «medios puestos en marcha por el gobierno del PSOE para defender los intereses de los empadronados».
Finalmente, expresó que en caso de que la ordenanza tenga algún defecto de legalidad, «es responsabilidad exclusiva del equipo de gobierno socialista».
