El Ayuntamiento de Torremolinos se ha adherido al convenio andaluz sobre ejecuciones hipotecarias y desahucios tanto por impago de las propias hipotecas como de renta de alquiler. Este acuerdo fue puesto en marcha por la Junta de Andalucía, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).
De esta manera, las áreas de Bienestar Social y Desahucios trabajarán de manera coordinada ante la problemática de aquellas familias que tienen «procedimientos de desalojo de su vivienda, con el objetivo de cubrir las necesidades básicas a aquellos que se encuentren en riesgo de exclusión social», según argumentó el edil Jesús Díaz.
Esta iniciativa permitirá que los servicios sociales tengan acceso rápido a información sobre la ciudadanía más vulnerable frente a ejecuciones hipotecarias o desahucios en el municipio de Torremolinos y puedan buscar así una solución. Cuando el juez detecte situaciones de riesgo, lo comunicará a los Servicios Sociales municipales para estudiar su caso, pudiendo incluso suspender el lanzamiento, de conformidad con las leyes procesales.
El convenio de colaboración sobre ejecuciones hipotecarias y desahucios quiere abordar de manera coordinada el problema que padecen los ciudadanos que se hallan inmersos en «procedimientos de desalojo de su vivienda, con el consiguiente riesgo de exclusión social de miles de familias».
La medida se une así a la Oficina de Intermediación, que desde el pasado septiembre ofrece los ciudadanos asesoramiento para evitar tanto las ejecuciones hipotecarias como los desahucios.
