Un proveedor de servicios de internet que ofrecía, sin autorización y a través de sus webs, un servicio de suscripción a más de cien canales de televisión de pago ha sido intervenido por la Policía Nacional en Mijas tras una denuncia de la Premier League, la liga inglesa de fútbol.
En un local de un centro comercial de Calahonda, la empresa vendía a hoteles, bares, comunidades de propietarios y particulares dispositivos preparados para recibir la señal decodificada junto a distintos contratos anuales a paquetes audiovisuales, según ha informado hoy la Policía en un comunicado.
La investigación se inició a raíz de una denuncia suscrita por un representante legal de The Association Football Premier League contra una mercantil que ofertaba sin autorización y a través de las webs de las que es titular un servicio de suscripción a canales de pago, entre los que figuraban los de la liga inglesa.
El representante de la Premier League manifestó a los agentes que se había personado en un local de la empresa de telecomunicaciones en Calahonda y los empleados le habían mostrado los servicios que podían ofrecerle, y facilitó como medio de prueba un dispositivo y una suscripción Premium que había adquirido por 450 euros.
Los investigadores comprobaron que el dispositivo estaba "vitaminado", es decir, preparado para que el cliente únicamente tenga que conectarlo al enrutador y a la televisión para ver los canales sin necesidad de instalar un software específico.
Durante las pesquisas policiales, los agentes averiguaron que dos ciudadanos ingleses dirigían esta actividad desde Reino Unido y controlaban la labor de sus empleados en tiempo real a través de un sistema de grabación.
Según la Policía, la presencia de un gran volumen de población extranjera en la provincia de Málaga "les brindaba una amplísima oportunidad de negocio".
En el registro del local, los agentes detectaron fuertes medidas de seguridad, como un sistema de vídeo que permitía a los supuestos responsables controlar a sus empleados desde Reino Unido, donde residen en la actualidad.
Este control "era ejercido de forma tan exhaustiva que, en el momento de iniciarse el registro por parte de los agentes, intentaron de forma remota la destrucción de los archivos relativos a pagos y a la clientela", aunque la Policía lo impidió.
En ese momento se encontraban en el local cinco de los diez empleados de la empresa, entre ellos el administrador de sistemas, un técnico informático -responsable de preparar los dispositivos- y tres encargados de ventas.
El local disponía de un anexo donde estaban ubicados los estantes en los que tres servidores trabajaban de forma conjunta para proporcionar el acceso ilícito a canales internacionales, e incluso había conectados varios decodificadores que estaban en funcionamiento.
