Más de tres millones de funcionarios

¿Se atreverán los políticos a meter la tijera en el voluminoso censo de funcionarios públicos?

04.05.2010 | 14:18

Los dirigentes sindicales aprovecharon la fiesta del Primero de Mayo -la fiesta de los desempleados, la rectificó alguien este año en atención a los 4,6 millones de parados- para hacer unas primeras advertencias al jefe del Gobierno: Ojo con las medidas de austeridad que el Gobierno empieza a anunciar y aplicar, consistentes en recortar altos cargos y empresas públicas. No se descarta que pudieran continuar por alguna decisión sobre, por ejemplo, los funcionarios públicos, los del Estado y los de las comunidades autónomas, que han continuado creciendo sin pausa pese a la crisis de los dos últimos años. Por primera vez, el número de trabajadores al servicio de alguna de las administraciones públicas ha roto la barrera del 20 por ciento de los asalariados. O dicho con otras palabras, la famosa EPA (Encuesta de Población Activa) del primer trimestre refleja otro dato inquietante: los 3.088.400 trabajadores que están empleados por el Estado, lo que representa, exactamente, el 20,2 por ciento de la población ocupada por cuenta ajena.

Esto significa que desde que comenzó la recesión -primer trimestre de 2008- el sector público, incluyendo tanto el administrativo como el empresarial, ha aumentado sus plantillas en 215.200 empleados. En el primer trimestre de este año, incluso, ha crecido en 22.700 empleados, dando lugar al segundo mayor registro de todos los tiempos tras los 3.101.900 trabajadores alcanzados en el tercer trimestre del año pasado. Por el contrario, en el sector privado se ha producido una impresionante caída del empleo, como pone de manifiesto que en apenas dos años la economía española ha destruido nada menos que 1.779.300 puestos de trabajo asalariado. La explosión del empleo público en los últimos años, como observaba Carlos Sánchez en El Confidencial, ha sido, sin embargo, poco homogénea. Y eso explica que en la España de las autonomías convivan regiones, como Extremadura, donde nada menos que el 33,3 por ciento de los asalariados trabaja para la Junta, mientras que en Cataluña este porcentaje se reduce al 16,1. Es decir, menos de la mitad.

El caso extremeño, explica el referido periodista, es especialmente significativo debido a que ni siquiera en los años de fuerte expansión económica -2006 o 2007- el empleo público se ha situado por debajo del 30 por ciento de la población asalariada en la región. Esto quiere decir que no se trata de un hecho extraordinario que responda a una estrategia de política económica para esquivar de la recesión, sino que hay que vincularlo a un fenómeno de carácter estructural que hace que uno de cada tres extremeños trabaje para el Gobierno que dirige el socialista Guillermo Fernández Vara. De hecho, desde que comenzó la recesión, el empleo público extremeño ha crecido dos puntos porcentuales, hasta el citado 33,3 por ciento. El caso extremeño no es solamente peculiar por la cantidad de empleo público, sino también por su falta de calidad. Según la Encuesta de Población Activa, nada menos que el 35,6 por ciento de los asalariados del sector público de Extremadura tiene un contrato temporal. Se trata de un porcentaje incluso muy superior a la media nacional (23,7 por ciento), incluyendo empleo público y privado. Para hacerse una idea de lo que representa esa cifra sólo hay que tener en cuenta que en La Rioja el porcentaje apenas llega al 14,7. Es decir, 21 puntos porcentuales menos. La intensa utilización de la contratación temporal en Extremadura parece tener que ver con una forma de salvar las restricciones presupuestarias, lo que permite contratar aunque no haya crédito aprobado. Como consecuencia de todo esto, se produce un fenómeno sin parangón respecto de otras regiones del país.

Extremadura cuenta con una población activa (suma de los ocupados y los parados) equivalente a 486.100 trabajadores, pero únicamente 195.800 (apenas el 40 por ciento) trabaja para el sector privado. El resto o está empleado en la Junta o se encuentra en situación de desempleo. Y no hay que olvidar que aquellos que reciban una prestación económica cobran, por lo tanto, de la Administración central.

Los datos de la EPA reflejan, igualmente, que otras dos comunidades autónomas gobernadas desde hace casi 30 años por el Partido Socialista -Castilla-La Mancha y Andalucía- son las que tienen mayor proporción de empleo público: 26,1 por ciento en el primer caso y un 23,5 en el segundo. En el lado contrario se encuentran Cataluña, Comunidad Valenciana y La Rioja, donde menos del 17,2 por ciento de los asalariados trabaja para el gobierno regional. Incluso Madrid, donde se concentra gran número de funcionarios vinculados a los servicios públicos centrales del Estado: fuerzas armadas, judicatura o departamentos ministeriales, tiene menos empleados públicos que la media del país, lo que indica el perfil eminentemente privado de la actividad económica en la región. El caso contrario es el de Ceuta y Melilla, pero su singularidad territorial puede explicar que en el primer caso el empleo público represente nada menos que un 53,3 por ciento de la población asalariada, mientras que en Melilla el porcentaje es del 48,9. Es decir, que la mitad de los ocupados en ambas plazas trabaja para el Estado.

¿Se atreverán los cargos políticos a meter la tijera en el voluminoso censo de funcionarios públicos? Los sindicatos tiemblan ante la mera posibilidad...

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