Cataluña ha dado hoy a entender que pedirá ayuda al Estado para poder financiarse, a través del fondo de liquidez autonómico, lo que la convertirá en la tercera autonomía que lo solicita, después de la Comunidad Valenciana y Murcia.
El portavoz del Ejecutivo catalán, Francesc Homs, ha querido quitar hierro a esta posibilidad y ha rechazado que esta petición sea un "rescate", ya que es una "cuarta línea de crédito ICO" a la que acude la comunidad.
Aunque la decisión "aún no está tomada", ha dicho Homs, porque, entre otros motivos, todavía "no se ha habilitado formalmente", la Generalitat ha recordado que hasta ahora se ha apuntado a otras líneas de crédito similares.
Según el portavoz autonómico, Cataluña irá "recurriendo a todos los instrumentos" que tenga "al alcance desde el punto de vista de la tesorería y la liquidez".
Homs hablaba así después de que el conseller de Economía, Andreu Mas-Colell, en una entrevista en la BBC, declarase que "Cataluña no tiene otro banco que el Gobierno de España. Así es la vida, esta es la situación actual del mercado".
Desde hace días, Cataluña había manifestado que estaba estudiando el mecanismo aprobado por el Ejecutivo, debido a los problemas para conseguir financiación en los mercados y la necesidad de hacer frente durante este segundo tramo del año a vencimientos de deuda por un valor de 5.755 millones de euros, según su plan económico.
Hasta el momento solo la Comunidad Valenciana y Murcia habían hecho pública su intención de adherirse al fondo, dotado con 18.000 millones de euros y al que se pueden unir de forma voluntaria las autonomías que lo deseen hasta el 31 de diciembre.
Precisamente, la Comisión Europea ha valorado hoy la puesta en marcha de este mecanismo y ha considerado "suficiente" su volumen porque, según el portavoz comunitario Antoine Colombani, no cree que las necesidades de las autonomías superen el monto asignado.
Desde el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, se ha recordado que este fondo exige una serie de compromisos como la presentación de un plan de ajuste que incluya una serie de "condiciones", entre las que están la eliminación de entes, sociedades y organismos de poca importancia.
El secretario general de Coordinación Autonómica y Local del Ministerio, Enrique Ossorio, también ha recordado que paralelamente a este mecanismo se ha abierto un proceso para chequear las cuentas de aquellas comunidades sobre las que hay dudas de que cumplan con el objetivo de déficit del 1,5 % del PIB para este año.
"Estamos contrastando la situación de ingresos y de gastos", ha explicado el alto cargo de Hacienda, que ha especificado que se tratan de "mecanismos preventivos", a través de "advertencias", para corregir la situación de desequilibrio presupuestario de algunas comunidades.
La Comunidad Valenciana, ha pronosticado, a través de sus consejero de Economía, Máximo Buch, que todas las comunidades autónomas tendrán que acudir finalmente al fondo como ellos, "incluyendo las que se están haciendo un poco las remolonas".
Buch ha asegurado también que los ajustes que está adoptando esta comunidad tendrán "efectos relevantes" el próximo año y, por lo tanto, no serán necesarias nuevas medidas para alcanzar el objetivo de déficit del 0,7 % para el siguiente ejercicio.
La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha pedido "igual trato" a todas las comunidades y que los valencianos defiendan su posición respecto a la crisis económica y no se "coman" la teoría de que son "los peores del mundo mundial, cuando todo el mundo está igual o peor".
En Castilla-La Mancha, el PSOE regional también ha pronosticado que la comunidad autónoma tendrá que pedir ayuda al Gobierno antes del fin de semana, dada la falta de ingresos para hacer frente a los pagos.
La presidenta de esta comunidad, María Dolores de Cospedal, aseguró ayer que no se han planteado "nada por ahora" respecto a este fondo de liquidez autonómico.
La petición de ayuda de algunas comunidades ha provocado también la reacción de la líder de UPyD, Rosa Díez, quien ha pedido al Gobierno que aplique el artículo 155 de la Constitución e intervenga de forma "completa" a las comunidades. "Es lo que toca", ha agregado.
