La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) afirmó hoy que no acepta "chantajes" y se prepara para reanudar la construcción del tercer juego de esclusas de la vía acuática que, aseguró, el consorcio a cargo de las obras ha paralizado totalmente en una decisión unilateral que contraviene el contrato vigente.
El administrador de la ACP, Jorge Quijano, dijo que hoy el Grupo Unidos por el Canal (GUPC), liderado por la española Sacyr y la italiana Impregilo, "ejecutó su amenaza" de suspender las obras, después de que la ACP mantuvo su posición de no reconocer costos extras "exorbitantes y no sustentados" cifrados por las empresas en más de 1.600 millones de dólares.
"Lo que no vamos a permitir es que esta obra se detenga por un período excesivo, tomaremos las acciones necesarias en el momento adecuado", declaró Quijano en una rueda de prensa.
También reiteró que "el Canal va a cumplir todos los pasos del contrato y va a terminarla en el 2015 con o sin GUPC", al tiempo que aseguraba que la ACP no había roto las conversaciones.
Quijano explicó que, tras la suspensión total de las obras, ha comenzado a correr un período de tiempo, que no precisó, establecido en una "carta de consideración de rescindir el contrato" que la ACP envió al consorcio en una fecha tampoco revelada.
"Yo no quiero ni siquiera insinuar que los próximos pasos son sencillos. Lo que sí quiero dejar claro es que el Canal de Panamá no se va a dejar chantajear", porque la ACP tiene la "verdad" de su lado y puede "sustentar su posición clara y vertical", aseveró el administrador.
Advirtió que "en cualquier tribunal del mundo" la ACP está preparada para enfrentarse a "cualquier demanda" si el GUPC inicia un litigio.
Entre las opciones que maneja la ACP está la de asumir los trabajos y Quijano reveló que "hay empresas que ya han pasado a ver en qué estado están las obras" porque tienen interés en participar.
"Hay de todo tipo de ofertas y vamos a esperar el momento. Ahora mismo no vamos a hablar de eso porque no hemos contratado a ninguna, esos son los pasos que vienen en el caso que sean necesarios", dijo.
Quijano recalcó que hasta ahora la Autoridad del Canal "no ha tomado ninguna acción en particular", pero que exige al consorcio que "reanude los trabajos a los niveles que normalmente llevaban" antes del inicio del conflicto el pasado 30 de diciembre.
Entonces, el GUPC envió un "preaviso" al Canal en el que anunciaba la suspensión de las obras a medio plazo, porque los supuestos sobrecostes lo dejaron sin dinero para continuar con la construcción de las nuevas esclusas.
"Hoy GUPC está en cero, ha mandado a detener todo trabajo", aseguró.
El consorcio se adjudicó ese proyecto en 2009 por su oferta de 3.118 millones de dólares, por debajo de los 3.481 establecido como precio máximo por la ACP.
El contrato vigente señala que "se debe mantener un ritmo de obra aceptable para poder cumplir con los hitos y las producciones establecidas", argumentó Quijano.
"Ellos (GUPC) son los que han suspendido la obra, ellos son los que son responsables ante sus empleados, subcontratistas", alertó.
Pese a esta situación y la evidente "perdida de confianza", Quijano dijo queda alguna posibilidad de acuerdo entre las partes, aunque se agota "minuto a minuto".
Durante el "período especial" de conversaciones abierto en enero pasado y que finalizó la medianoche de ayer, el GUPC mantuvo "una posición inflexible, una y otra vez pretendiendo que la ACP negociara fuera de contrato cifras exorbitantes y no sustentadas", lo que impidió una salida consensuada, dijo Quijano.
"En estas negociaciones, cada vez que se vislumbraba un acuerdo el GUPC endurecía su posición y regresaba a su propuesta inicial de que la ACP se hiciera responsable por las cifras exorbitantes por supuestos sobrecostos a la que unilateralmente llegó", añadió.
El GUPC anunció hoy en Madrid que la ACP rompió las negociaciones, aunque aseguró que el consorcio "sigue buscando una solución de financiación" para terminar las obras en 2015.
En un comunicado, el Grupo precisó que la supuesta ruptura de negociaciones se dio mientras se analizaba su propuesta de aportar el consorcio 100 millones de dólares y un nuevo aporte de 400 millones que se financiarían, mientras que la ACP desembolsaría otros 100 millones y aprobaría una nueva moratoria de la devolución de 785 millones en pagos anticipados.
A eso agregó una petición de 50 millones de dólares "para permitir los pagos a las subcontratistas y a los trabajadores y cubrir así las nóminas", que Quijano dijo hoy que no se atendió porque el GUPC no estaba al día en sus pagos a la Caja del Seguro Social.
