instituciones penitenciarias

El avispero de la cárcel

03.07.2008 | 11:03
Prisión. Juan Carlos Blanco y Francisco Macero. Prisión. Juan Carlos Blanco y Francisco Macero.

Los sindicatos insisten en que la saturación de la prisión malagueña amenaza la seguridad del recinto. Un funcionario es agredido cada mes

Hay quien asegura que dos más dos a veces suman cinco. Pero de ahí a confiar en que un recinto habilitado para 900 personas pueda albergar sin problemas a más de 2.000 hay un largo trecho que ni los más optimistas se atreverían a defender. Los funcionarios de la cárcel de Alhaurín de la Torre llevan años denunciando la saturación del recinto penitenciario y ayer insistieron en las peligrosas consecuencias de esta situación que puede reventar en cualquier momento. Actualmente es la más poblada de España "por detrás de Picassent, un complejo de varias prisiones que tiene el triple de funcionarios que Málaga".

Esto significa que, donde debería haber dos reclusos, hay tres, que se mezclan los delincuentes más peligrosos con los menos y los más tranquilos con los más inquietos ("hay más de 130 personas pendientes de clasificación según su perfil delictivo y 450 que están ubicadas en función del espacio y no del delito cometido").

La plantilla de funcionarios, de unos 450 en total y deficitaria en al menos 52 trabajadores, obliga a repartirse entre dos trabajadores los módulos de presos, donde hay 140 personas "en espacios físicos muy reducidos, y sin medios para afrontar una situación de conflicto". Que las hay, y cada vez con más frecuencia, advierten.

Porque si en un comedor preparado para 70 personas tienen que comer 140 "hay que establecer turnos y comer primero ya supone conseguir un estatus determinado". Lo mismo ocurre en las duchas, en el gimnasio y en el resto de instalaciones, donde los internos tienen que apretarse.

Y cuando esto ocurre, cuando el roce en vez de unir, molesta, "al funcionario en ocasiones no le queda más remedio que apartarse y esperar a que la pelea o la discusión terminen, porque no tiene medios para intervenir, ni para controlar que no haya tráfico de drogas o de otros objetos ilegales", justifica Juan Carlos Blanco, representante de CCOO en la cárcel.

Aun así, en más de una ocasión se convierten en víctimas y, según indicaron los sindicalistas, es raro el mes en que alguno de los vigilantes no resulta herido: "algunos con lesiones tan graves que han tenido que jubilarse", aseguran.

Crimen organizado. El aumento de la población reclusa extranjera, que ya supera el 35% del total de internos, también dificulta las posibilidades de intervención de los funcionarios. "No nos enteramos de lo que ocurre hasta que explota", indica Francisco José Macero, delegado de la Junta de Personal de ACAIP.

Aunque quizás, lo que más les preocupa no sea no entenderlos, sino la peligrosidad de algunos de ellos. "Estamos hablando de los delincuentes pertenecientes a bandas organizadas del Este desarticuladas en la Costa del Sol, son hombres muy preparados física y mentalmente, con formación militar y con unos conocimientos en materia de seguridad que nosotros no tenemos", apunta Blanco.

Aproximadamente serán unos 300 criminales, la mayoría en prisión preventiva. "Muchos tienen peticiones cercanas e incluso superiores a los 80 años de cárcel y tememos que, cuando la sentencia sea firme, comiencen los problemas de extorsión, de corrupción, de manipulación... esto va a ser la ley de la selva, la ley del más fuerte".

De las posibles consecuencias responsabilizan al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y a la secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo.

"No estamos pidiendo nada extraordinario, simplemente que se ajuste la ratio de funcionario-preso, que en Málaga está un punto por debajo de la media nacional y eso se consigue reduciendo el número de reclusos y aumentando el número de funcionarios. Serían necesarios setenta trabajadores más si, como se rumorea, trasladan a los 23 empleados que ahora hay en prácticas a la nueva prisión de Morón (Sevilla) cuando ésta se ponga en marcha", apuntaron.

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