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La Junta acudirá como acusación popular en la operación ´Astapa´

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Junta. Enrique Cervera, tras el Consejo de Gobierno.
Junta. Enrique Cervera, tras el Consejo de Gobierno. EFE
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El PP pide que el Gobierno diga desde cuándo sabía lo que pasaba. Los ediles del PES imputados no dejarán sus actas

n. andrade / agencias. Estepona El Consejo de Gobierno autorizó ayer al Gabinete Jurídico de la Junta a interponer las correspondientes acciones judiciales para la personación de la Administración autonómica como acusación popular en la operación ´Astapa´, que lleva el juzgado número 1 de Estepona. Según explicó el portavoz del Gobierno andaluz, Enrique Cervera, la Junta considera que las prácticas municipales presuntamente ilícitas que se investigan en este proceso afectan de los intereses generales de la comunidad autónoma.

También estima que afectan a las competencias de la Administración autonómica en distintos ámbitos, como los relativos al régimen de acuerdos locales, las materias ligadas con aspectos tributarios, patrimoniales y otros de índole económica, así como las vinculadas a la ordenación del territorio, el urbanismo y la vivienda.

Cervera justificó la decisión en que lo que pretende el Gobierno es "colaborar con la administración de justicia, contribuir a que se haga justicia de la forma más profunda y clara, y que se depuren todas las responsabilidades criminales que pudiera haber".

Reacciones del PP. El presidente del PP de Andalucía, Javier Arenas, manifestó ayer tras conocerse la decisión que sería positivo que lo primero que hiciera el Gobierno autonómico es explicar al juez "desde cuándo sabía todo lo que estaba pasando".

Arenas, que indicó que el PP también se ha personado ya en este proceso como acusación particular, se mostró convencido de que todo lo que ha ocurrido no hubiera pasado si la Junta "se hubiese personado hace diez años ejerciendo los controles urbanísticos y las competencias en disciplina urbanística".

Javier Arenas manifestó que "a lo mejor no se admite la personación" de la Junta en el proceso "por ser parte implicada" e insistió en que lo primero que tendría que hacer la administración autonómica es explicar al juez desde cuándo "sabía lo que estaba pasando".

Por otra parte, el viceportavoz del PES, Juan Manuel Rodríguez, anunció ayer que sus dos compañeros imputados en el caso Astapa y que se encuentran actualmente en prisión provisional, Manuel Reina y José Ignacio Crespo, no van a abandonar sus actas de concejales. Rodríguez pudo reunirse hace unos días con sus compañeros en la prisión de Alhaurín donde le transmitieron su decisión y su intención de explicar las razones por las que conservan el acta de concejal cuando ambos salgan de prisión. Tanto a Crespo como a Reina se les imputan los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación y blanqueo de capitales; si bien a Reina se le añade también el presunto delito de fraude.

Según explicó Rodríguez, él les trasladó "el sentir popular y la conveniencia de que renunciaran a sus actas o abandonaran el PES para integrarse en el grupo de concejales no adscritos, sin embargo, ellos han tomado la decisión personal de conservar sus actas y nosotros tenemos que acatar su decisión". En este sentido manifestó que, aunque no comparta su decisión, debe primar el respeto a su postura personal y sobre todo la presunción de inocencia porque "estos dos compañeros aún no han sido juzgados".

Del mismo modo, el concejal de Personal del Ayuntamiento, David Valadez, ha dado instrucciones para que dos empleados municipales que están en prisión preventiva sin fianza por el ´caso Astapa´ se les suspenda de sus contratos.

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