La Junta prohíbe el uso de taxis para las notificaciones judiciales

JOSÉ ANTONIO SAU. MÁLAGA La Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía dictó, el pasado 29 de julio, una resolución por la que se cancela el servicio de taxis que apoya a los agentes en la tarea de notificación de fallos y resoluciones de los jueces de la capital –algunas veces hay que notificar en municipios como Marbella o Fuengirola–, según denunció ayer el secretario de sección del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), Juan Antonio Luque.

Hasta hora, los 33 funcionarios del Servicio Común de Actos y Comunicaciones (SCAC) tenían a su disposición once taxis para realizar esta tarea, amén de diez bonos de autobús para los trayectos más cortos. Sin embargo, siempre según Luque, ahora la única "solución que se ha dado es la de aumentar el número de bonos". "¿Qué va a ocurrir cuando haya que notificar algo en Marbella, Fuengirola o Villanueva del Trabuco? ¿Van a ir en autobús?", se preguntó el dirigente sindical.

"Su rendimiento se vería seriamente menoscabado si hubiesen de utilizar medios de transporte público colectivo únicamente", recordó, al tiempo que añadió que muchos de ellos utilizan vehículos propios como automóviles y motocicletas "sin remuneración alguna" para llegar a barrios como Puerto de la Torre, El Palo o Campanillas. También acuden a Almogía, Ardales o Alhaurín de la Torre.

El SCAC, recuerda el sindicato, cuenta con 56 funcionarios desde 2000, cuando atendían a 26 juzgados. Hoy, con la misma plantilla, el servicio se presta a 76 órganos. La secretaria del departamento ha pedido en numerosas ocasiones 18 funcionarios y 5 vehículos más. Este servicio ha realizado hasta junio 100.000 diligencias.

"Muchos juicios se suspenderán y se retrasará el ingreso en prisión de numerosos penados debido a la falta de medios", reflexionó. Acto seguido, destacó la falta de seguridad de estos trabajadores y reclamó a la Delegación Provincial de Justicia que suspenda la entrada en vigor de esta instrucción.

"Esta decisión pondrá en situación de riesgo a los trabajadores, que habrán de realizar su labor en barrios desfavorecidos y sin la menor protección y posibilidad de auxilio, lo que en muchas ocasiones es necesario", dice.

Asimismo, insistió en que la dificultad se incrementará cuando haya que notificar una resolución en algunas de las urbanizaciones existentes en la Costa del Sol, mal comunicadas por autobús con otros núcleos de la provincia.

"Manifestamos nuestro rotundo rechazo a esta medida, ya que se va a causar una importante dilación a los procesos judiciales en curso", concluye el responsable del sindicato en la Ciudad de la Justicia.